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Decreto migratorio de Macri, en análisis de la CIDH
Un grupo de organizaciones sociales presenta reclamo ante la Organización de Derechos Humanos por “discriminación”.
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Diego Morales - FM102.3 / Mirá Quien Habla

El endurecimiento de las fronteras del que se jactó el gobierno nacional de llevar adelante a principios de este año, a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 no dejó de recibir críticas en cuanto al proceso de estigmatización que conllevaban los cambios en la Ley de Migraciones.

En ese marco, en las primeras horas de Washington, un grupo de organizaciones sociales argentinas, que encabeza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó un reclamo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analice las situaciones denunciadas, aduciendo que se busca “un chivo expiatorio” en lugar de “coordinar políticas con todos los actores”.

“La decisión de (Mauricio) Macri modifica Ley de Migraciones, que fue aprobada por unanimidad en 2004 y había salido producto de un gran consenso social. El DNU establece un procedimiento por el cual todo inmigrante debe, en tres días, contestar un grupo de consultas para saber si es expulsado o no” le dijo Diego Morales, del CELS, al programa Mirá Quien Habla.

A la hora de la descripción de los documentos presentados ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), remarcó que ahora “deben presentar información sobre su situación familiar” y, entre otras cosas, “acreditar que es pobre para que un abogado lo asista jurídicamente”. Morales cuestionó que “si no puede hacer todas estas cosas, va a ser expulsado y puede ser detenido”.

Durante la entrevista con FM Nuestra Radio agregó: “Hasta que se demore su traslado, estará detenido. Y si presenta un amparo sobre la decisión, también permanecerá detenido hasta que se resuelva”.

A su vez, se opuso a que se le pueda retirar la residencia a “los migrantes que tienen residencia” en el país, por tener un procesamiento penal de cualquier tipo de delito. “No sólo de los delitos graves, que ya estaban previstos en la ley” aclaró, anticipando que no se piensa en “quienes hayan construido una vida”.

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