Publicó en su página oficial los montos que perciben. Uno de ellos adelantó que querellará a los funcionarios. Giordano habló de un "marketing" de la litigiosidad.

El gobierno de la provincia de Córdoba decidió escrachar a los dos jubilados que presentaron una acción de amparo contra la reforma previsional aprobada el pasado miércoles, a pedido de De la Sota, sin debate y con el exclusivo voto del bloque oficialista.

A través de una nota publicada en su sitio oficial, el Gobierno difundió las cifras exactas que perciben como jubilación Arturo Ledesma y Haydee Guillot, quienes ayer habían acudido a la Justicia. (Ver: Presentaron los primeros amparos contra la reforma previsional).

Jubilados: primer amparista cobra $ 18.908 por mes, se titula la nota elaborada ayer por pedido de los funcionarios y publicada en el órgano oficial de disusión de la gestión de De la Sota.

En ella, se señala que "Arturo Florencio Ledesma es ex empleado de la Municipalidad de Córdoba y percibe un haber de bolsillo de $16.008 mensuales".

También, se indica que Guillot, además de la jubilación provincial, percibe una pensión nacional.

Querella

Enterado de la réplica de la Provincia, el mismo Ledesma aseguró que presentará una querella contra los funcionarios provinciales.

Además de considerarla una reacción injusta, el jubilado señaló que, a partir de ahora, responsabiliza a la Gobernación por eventuales consecuencias para él y su familia.

Marketing

En otra nota difundida en el portal gubernamental, el interventor de la Caja de Jubilaciones denunció la existencia de un "marketing de la litigiosidad".

Allí, asegura que las presentaciones a la Justicia realizadas ayer están "visiblemente fuera de lugar, condenadas al fracaso”, al tiempo que aseguró que no representan casos de extrema gravedad. “Los perjudicados serán los propios jubilados, que pagan los honorarios”, dijo.

Por otra parte, defendió la decisión de exponer públicamente la información sobre los haberes que perciben los amparistas, asegurando que no constituyen casos de aquella gravedad.

“Especialmente en uno de los casos, donde por tratarse de un ex empleado de la Municipalidad de Córdoba no hay ningún tipo de riesgo próximo, dado que no hay pauta salarial definida a futuro para ese sector”, cita el texto.