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La disputa por la tierra, en el foco de la represión estatal
En Justicia Legítima el colectivo Llano en Llamas presentó su informe sobre la criminalización de protestas sociales.
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En una nueva edición del programa Justicia Legítima, el colectivo Llano en Llamas presentó su informe sobre Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba.

Conformado por investigadores y docentes de la Universidad Católica de Córdoba, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, el colectivo se dedica al estudio de conflictos sociales.

Según datos recopilados entre febrero y mayo del corriente año, plasmados en dicho informe, el estudio advierte sobre las políticas represivas llevadas adelante por el gobierno de la provincia, a través de la Policía de Córdoba.

Entre ellas, mensura el crecimiento de los denominados operativos saturación, cuya cara más aberrante constituyen los denominados corralitos: superficies informalmente delimitadas en un espacio público, dentro de la cual se mantiene a decenas de personas detenidas.

Según interpretan los investigadores, tales procedimientos se desprenden de la necesidad de relegitimar a la fuerza tras los saqueos ocurridos en diciembre pasado.

"Especial interés revisten en este contexto los denominados “operativos saturación” y “razzias”, modalidad que se extiende en la ciudad de Córdoba como política reactiva a los episodios de acuartelamiento policial y saqueos del 3 y 4 de diciembre de 2013. Éstos, suponen una metodología de ocupación territorial, lo cual implica que no hay una dirección específica de dicha intervención, sino que presupone a todos los habitantes –incluyendo a niños y adultos mayores– como sospechosos", advierte el texto. 

"Después de los hechos de diciembre, la Policía necesita una fuerte legitimación social. De alguna manera, estos operativos tienen ese efecto en la población. Muestran grandes contingente, siendo retenidos y considerados como delincuentes, tal es el trato que se les da", interpretó María Alejandra Ciuffolini, doctora en Ciencias Sociales.

Tales procedimientos, señala el informe, se concentran en determinados sectores sociales, claramente identificables 

"La idea de “orden” se hace efectiva en el presente a través del dispositivo del control y la seguridad. Y son específicamente los lugares de residencia de los sectores populares los que se ven atravesados y organizados por diversas formas de violencia que supone este dispositivo, habilitando la constitución de un territorio fragmentado y excluyente", indican los investigadores.

"Casi la totalidad de los operativos se realizaron en barrios populares o villas. Existe una primacía de esta modalidad de acción en la zona noroeste (10 operativos relevados, 34% del total en la Capital), seguida por la zona suroeste (8 operativos, 28% del total en la Capital)", puntualiza el texto.

 

 

Contra la protesta

Además de las políticas represivas contra los delitos, el estado provincial destina buena parte de sus recursos a criminalizar las protestas sociales.

"La represión y judicialización de la protesta/lucha social es otro rasgo sobresaliente del dispositivo de seguridad cordobés. La selección estatal de un acto de protesta como “ilícito penal” constituye un supuesto de criminalización ilegítima, o de “criminalización de la protesta” porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho", indica el informe.

Las acciones coercitivas persiguen, además, un fin ejemplificador.

"El tremendo poder coercitivo que se despliega contra quien es imputado en un proceso penal ha sido utilizado por la administración de justicia como una auténtica herramienta de disciplinamiento sobre los manifestantes. En el período que va desde abril de 2013 a junio de 2014 (14 meses) se registraron 9 acciones colectivas criminalizadas, donde resultaron detenidas/judicializadas 82 personas", explica la presentación.

En ese marco, las protestas por el inequitativo reparto de las tierras aparecen en el foco del Gobierno. (Ver: Aumentan las imputaciones contra familias que toman tierras)

"El porcentaje de detenidos y/o judicializados en ocasión de conflictos por la tierra asciende al 80% (319 sobre un total de 401), dejando en segundo y tercer lugar a las protestas contra la arbitrariedad policial y la represión y las protestas contra el modelo económico y en defensa del ambiente, respectivamente", precisan los docentes. 

"La criminalización de la protesta tiene un porcentaje mayor de detenidos, mientras que a las luchas por la tierra les corresponde un mayor 
número de judicializados. Del total de judicializados por conflictos por la tierra, sólo un 7.5% atraviesa también por la situación de detención (24 personas); mientras que del total de judicializados en protestas, el 92.4% atraviesa además la privación de libertad", describe el informe.

Claramente, la zona donde se radica la mayor cantidad de reclamos se ubica en las zonas del Gran Córdoba, destino elegido para nuevos y monumentales emprendimientos inmobiliarios.  (VerSobreseen a imputados por reclamar tierras en Cuesta Blanca)

"En los casos de tomas de tierra el nivel de judicialización en áreas periurbanas (296 imputados, 93% de los casos) tiene una clara primacía sobre las áreas urbanas (7 imputados, 2%) y rurales (16 imputados, 5%)", sentencia.

Click aquí para ver el informe completo.

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