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Reclaman "Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino"
El movimiento Ni Una Menos sentó posición sobre la reforma judicial que se discute en el Senado a partir del crimen de Micaela.
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El colectivo NiUnaMenos cuestionó el proyecto de reforma de la ley 24.660, que establece la restricción de las salidas transitorias, ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

La prohibición que se propone abarca a los imputados por diferentes motivos entre los que figuran los homicidios, delitos contra la integridad sexual y la violación seguida de muerte. Además incluye el robo con armas, tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, sometimiento a situación de esclavitud, terrorismo, delitos contra el orden financiero, el narcotráfico y delitos aduaneros. E inclusive se excluye de la salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.

 

"Pedimos políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social", expresaron las representantes del colectivo feminista.

Por otra parte se cuestionó el "garantismo misógino", que se expresa a través de "hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios", lo cual a su entender se materializa en "denuncias no consideradas y en las excarcelaciones apresuradas" .

Las representantes del colectivo de mujeres recordaron las reformas en la legislación penal de 2004 y de 2012 que establecieron restricciones similares a las que se discuten en el 2017. La primera asociada al asesinato de Axel Blumberg y la segunda a la de la violación seguida de muerte de Tatian Kolodziej.

En este sentido se reclamó que se presenten los resultados de "la implementación de una comisión interdisiplinaria", para la elaboración de un informe previo al otorgamiento de la libertad condicional de los violadores, y sobre "el acompañamiento de un equipo especializado en el periodo en que la persona se encuentre en libertad", según se había establecido en la última reforma legislativa.

Al marcar que se trata de una problemática estructural, que se intenta circunscribir a una cuestión penal, Ni Una Menos marcó una serie de falencias y demandas de parte de las mujeres.

Dentro del primer aspecto se hizo referencia a la falta de políticas de prevención, la insuficiencia en la aplicación y el presupuesto de la Educación Sexual Integral y la privación del patrocinio gratuito que se estipuló por ley.

"Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía sobre su cuerpo; pero de todo esto rara vez se habla", concluyó el documento. 

OPINIÓN



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