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Sobrevivió a la trata y es querellante contra sus proxenetas
Alika Kinan fue rescatada de un prostíbulo de Usuahia en 2012. El juicio investiga la complicidad del Estado municipal.
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Alika Kinan pasó veinte años de su vida dentro del sistema prostibulario. En 2012 fue rescatada de un burdel ubicado en Usuahia junto a otras mujeres víctimas de trata de personas. Hoy es querellante en el juicio contra sus proxenetas. Se trata del primer proceso oral en el país donde una sobreviviente de este delito es querellante. 

Cuando tenía 19 años, Alika fue engañada bajo la promesa de una supuesta oferta laboral en el sur del país. Vivía en Cruz del Eje, Córdoba, junto a su hermana. Aquella llamada significó la posibilidad de escaparle a una situación de pobreza pero también fue la puerta de ingreso al sistema prostibulario que la arrastró por Argentina y España.

Al momento de ser rescatada en el marco de una investigación de la Justicia federal, Alika permanecía cautiva y esclavizada en Sheik, un prostíbulo de Tierra del Fuego. Una madrugada de octubre de 2012 un operativo de Gendarmería Nacional golpeó la puerta del sitio donde se encontraba ella junto a otras mujeres. Aquella noche Alika declaró por primera vez sobre lo que había vivido durante veinte años. 

"Al principio negaba todo, no tenía el conocimiento de lo que era la violencia de género como lo pueden llegar a tener muchas mujeres hoy. Una se cierra, se escapa de la propia realidad. De otra forma no se sobrevive. Fui tolerante y creo que hoy puedo detallar todos los tipos de violencia sólo con contar mi vida", dice Alika a Cba24n.com.ar

El juicio por la explotación de mujeres comenzó el lunes 7 de noviembre en los Tribunales Federales de Tierra del Fuego. Se encuentran imputados el propietario del local nocturno, Pedro Eduardo Montoya; su pareja Ivana Claudia García; y una persona que era encargada del funcionamiento del lugar, Lucy Campos Alberca.

Otra particularidad de la causa es que también interpela la responsabilidad civil de los tratantes y de la municipalidad de Usuahia. Esto fue gracias a una acción civil iniciada por la misma Alika, que podría llevar a una reparación económica del Estado por el daño ocasionado contra la víctima. Por la dimensión de su denuncia, Alika recibe amenazas anónimas a diario y vive junto a sus seis hijos en una vivienda custodiada por dos agentes de seguridad.

"Mi denuncia no sólo es contra los proxenetas sino contra todo el sistema prostibulario que hay en la provincia. Hay muchos lugares que siguen dentro de la clandestinidad y sus responsables caminan impunes. Me ha costado hasta ir al supermercado. Trato de tener una vida normal pero cuesta mucho", dice. El lunes tuvo la oportunidad de declarar ante la justicia mirando los rostros de sus proxenetas.

Durante el último tramo del cautiverio y bajo la sospecha de que allanaran el local nocturno, Pedro Montoya les advirtió a las mujeres que disimulen su aspecto y "se pongan ropa más grande y mientan en caso de ser interrogadas sobre su identidad". Al momento de ser rescatadas, la Justicia constató las condiciones de hacinamiento donde se encontraban las mujeres sexualmente explotadas. 

El tribunal que juzga a Montoya y los demás imputados está integrado por los jueces Ana María D’Alessio, Luis Alberto Giménez y Enrique Guanziroli. El fiscal que lleva adelante la acusación es Adrián García Lois

"El sistema prostibulario es un circuito. Cuesta que la sociedad comprenda, que no estigmatice. Hay que ver cuál es el paradigma de las políticas públicas", cuestiona Alika, que frente a este proceso penal es representada por Marcela Virginia Rodríguez, abogada del Programa de Asesoramiento y Patrocinio a Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación. 

El lunes después de declarar escribió una carta pública en saludo a las mujeres feministas y abolicionistas de todas las organizaciones que acompañan desde distintas partes este proceso histórico en Usuahia (Ver la carta completa). Tener a sus victimarios sentados en el banquillo de acusados significa para ella "una ínfima sensación de reparación". 

"Declarar fue un proceso difícil, doloroso. Fue abrir una caja de recuerdos donde afloraron cosas que una ya no quiere tener presentes. Hay que hacer mucho trabajo de autoestima y de memoria", dice. En esta lucha nunca estuvo sola: "Llegar a este punto fue fruto del trabajo de mi familia, mi psicóloga, mi abogada, mi actual pareja, otras mujeres". Desde hace un tiempo, Alika lleva adelante una fundación para ayudar a otras mujeres víctimas de trata de personas, el Instituto de Género Sapa Kippa. 

Se estima que mañana puedan concluir los alegatos y en las próximas semanas el tribunal federal dicte la sentencia. 

 

A.P