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Suspenden a Grababus: "Los usuarios deben ser resarcidos"
Para el legislador Juan Pablo Quinteros “los funcionarios también deben ser investigados”, además de la empresa.
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba publicó, el pasado viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, el decreto 1670 que suspendía por 180 días el grabado de autopartes de la empresa Grababus. Además denunció penalmente a la empresa por la evasión de un piso de 40 millones de pesos de Impuesto de Sellos e Ingresos Brutos.

Esta situación se da a casi tres años del inicio del contrato y a dos años de su finalización.

El legislador por el Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, manifestó: “Siempre sostuvimos que esto era un negocio que tenía un doble problema para los cordobeses: el objetivo de la ley 10.110 era evitar, a través del grabado indeleble de autopartes, que se robaron vehículos para la venta de las mismas, esto no se logró nunca, es por ello que, nuevamente, pedirán la derogación de la normativa”.

Por otra parte, explicó en Canal 10 que siempre solicitaron los balances de la empresa porque “teníamos el dato de que podía estar tercerizando a través de otra empresa, evadiendo cargos del canon o haciendo otro tipo de negocio”.

Quinteros consideró que no basta con la denuncia de la Provincia, cree que los funcionarios también deben ser investigados porque el “Gobierno Provincial nunca quiso blanquear los números, nunca nos contestó un pedido de informes”.

En relación a los usuarios que realizaron el trámite del grabado, el legislador dijo: “El usuario debería tener un resarcimiento. Sería vergonzoso que, esta ley que ha sido un fracaso, que ha sido un impuesto a los cordobeses, una metida de mano en el bolsillo, no tuvieran un resarcimiento”.

La legisladora Liliana Montero, por su parte, adelantó que pedirán la intervención del Ministerio de Trabajo para resolver la situación de los 140 trabajadores.

El decreto que comunica la suspensión fue firmado por el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei y el Fiscal de Estado, Jorge Eduardo Córdoba.