La Cancillería argentina emitió un repudio hacia las "operaciones ilegales" llevadas a cabo por la petrolera israelí Navitas Petroleum en territorio argentino, específicamente cerca de las costas de las Islas Malvinas, donde la empresa se especializa en exploración y explotación offshore.

En abril de 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas Petroleum en la Plataforma Continental Argentina en la Cuenca de Malvinas Norte, calificándolas como clandestinas. Como resultado, la empresa fue inhabilitada por un periodo de 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino.

Según informes de la agencia MercoPress, la empresa publicó un aviso en el diario británico "Penguin News" que se edita en Islas Malvinas, invitando a oferentes a presentarse como abastecedores locales de bienes y servicios para un plan de ampliación de infraestructura.

En un comunicado oficial, la Cancillería Argentina reiteró su repudio a las actividades ilegales de Navitas Petroleum en las Islas Malvinas, señalando que la empresa opera ilegítimamente en territorio argentino sin contar con los permisos correspondientes para la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la autoridad competente.

La inhabilitación de Navitas Petroleum fue el resultado de un proceso administrativo que inició en enero de 2020 y que incluyó la remisión de notas de desaliento a la empresa. En julio de 2022, la empresa fue notificada oficialmente de la mencionada resolución a través de la Embajada de Argentina en Israel.

La ley 26.659 establece claramente las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, incluyendo la obligatoriedad de obtener permisos previos antes de realizar estas actividades. Además, impone sanciones, como la inhabilitación, por incumplimiento de esta ley.

En el contexto internacional, el MERCOSUR, el Grupo de los 77 y China, y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur reconocieron el derecho de la República Argentina a tomar medidas judiciales, respetando plenamente el derecho internacional, contra las actividades no autorizadas de prospección y explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.