Para las personas que mientan o no contesten el censo está previsto una serie de penas económicas. 

La Ley 17.622 estipula un castigo para las personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”.

A través de la resolución 25/2022 el gobierno nacional estableció una escala de multas que van desde los $1.076,36 hasta los $106.799,35 cuyos montos se actualizan cada seis meses.