El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue imputado hoy, en Salta, junto a cuatro de sus socios en esta provincia, por estafas reiteradas y asociación ilícita por 60 denuncias que investiga la fiscal de Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, ante quien declaró y se negó a responder preguntas.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que Salinas Odorisio imputó provisionalmente a Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, como coautores de los delitos de estafas reiteradas en 60 hechos y asociación ilícita, en concurso real.

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las denuncias realizadas, asciende a 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.

Durante la audiencia, Cositorto fue asistido por una abogada particular y, tras tomar conocimiento de cada una de las denuncias en su contra y escuchar el decreto de imputación, aceptó declarar, aunque no quiso contestar preguntas.

Los voceros destacaron que, a lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.

El modus operandi de Generación ZOE
 

Durante la investigación, desde la UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso -llamados membresía educativa o inteligente-, cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares.

A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual, y las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa, es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital.

Fuente: Télam