En junio del año pasado, una joven catamarqueña de 20 años denunció penalmente a Elpidio Guaráz,  intendente de Bañado de Ovanta, una pequeña localidad de 3 mil habitantes del departamento  Santa Rosa en Catamarca, por “privación ilegítima de la libertad con fines sexuales” y pasado un año pide celeridad a la justicia para que lo siente en el banquillo de los acusados y lo cite a declarar, cosa que aún no sucedió.

Cuando todo comenzó, C. tenía 16 años y cursaba el cuarto año de la escuela secundaria y Guaráz, quien es jefe comunal desde 2008, tenía 52 años. De acuerdo al testimonio de la joven, fue forzada y obligada por su familia a vivir con el hombre y tuvo que hacer frente durante 4 años a situaciones de abuso, violencia y privación de su libertad, hasta que finalmente pudo escapar y denunciarlo.

Según detalló en la presentación judicial, para huir de la casa del denunciado, debió esconderse en el baúl de un auto y mudarse a otro lugar, donde permanece escondida. Luego de formular la denuncia en la justicia, C. publicó una carta en la que detallaba alguno de los horrores que le tocó vivir. 

“Él hizo abuso de mí en reiteradas oportunidades y mediante toda la relación me extorsionaba, me amenazaba y me acosaba todo el tiempo. También me golpeó y me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Estoy hablando de 4 años de relación, todo comenzó cuando yo tenía 16 años. Nunca me dejó en paz y nunca entendió que ya no quería estar más con él”, expresó en redes sociales.

Luego de un año en el que la justicia aún no citó a declarar a Guaráz, la víctima publicó otro carta pidiendo ayuda a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, para terminar con las demoras del proceso en la justicia.

“Esas instituciones a las que les confié mis más íntimos dolores, sólo demostraron que el tiempo tiene precio. Tiempo que mi abusador puede comprar”, afirma, al tiempo que agrega que “la compra de tiempo solo evidencia mi verdad, esa verdad que convirtió mi vida en un infierno”. Cabe recordar que Guaráz sumó otras dos denuncias por abusos sexuales ocurridos en los últimos años.

Sucede que de acuerdo a los representantes legales de la víctima, los abogados de Guaráz rechazaron el testimonio de C y el de una psicóloga del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) y pretenden sentarla en el banquillo de los acusados para que declare otra vez, cuando ya se realizaron "las pericias psicológicas donde se ha acreditado la vulnerabilidad y la asimetría madurativa y económica entre el denunciado y la víctima", según aseguró el abogado de la víctima, en declaraciones al Diario.ar.

Algunos testimonios desgarradores presentes en la causa, dan cuenta del horror que debió vivir la joven que cuando le formulaba su intención de irse de la casa, Guaráz la encerraba con llave y si lograba escapar, el intendente la iba a buscar a casa de sus padres, que nunca denunciaron los hechos.

Se espera que el martes próximo, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si hace o no lugar a los pedidos de la defensa de Guaráz, en un contexto en el que tanto la fiscal de la causa, Alejandra Kranevitter como el Juzgado de Control de Garantías, se expresaron al respecto, considerando que hacer declarar a C. sería ponerla en el lugar de la revictimización.