El fiscal federal Diego Luciani sostuvo hoy que no hará uso de su derecho a réplica a los alegatos de las defensas en la causa Vialidad porque “no hay argumentos jurídicos novedosos” para extender el proceso y aseveró que su pretensión es "darle la máxima celeridad para que el tribunal dicte el veredicto que considere que corresponda”.

El juicio en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se reanudó hoy tras dos semanas de receso, con una audiencia dedicada a la respuesta de la fiscalía a planteos de nulidades de las defensas.

Al no hacer uso de las réplicas a los alegatos de la defensa que atacaron lo expuesto por Luciani en su alegato acusador, el fiscal explicó que si él hiciera réplicas eso extendería el proceso (después vendrían las “dúplicas” de las defensas) y que no quiere extender el proceso.

Resaltó que "todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal", y advirtió que tampoco responderá "la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores".

"El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso", agregó.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu estaban presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y las partes se conectaron de manera remota a través de la plataforma Zoom.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta.

La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.

Para otro ex responsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP, Raúl Pavesi, requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder. Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Fuente. Télam