El fiscal Marijuan denunció por extorsión a dirigentes del Polo Obrero

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció por amenazas y extorsión a Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, principales dirigentes del Polo Obrero, luego de que se informara que le retienen el 2% del dinero que los beneficiarios de esa organización, cobran por los planes sociales.

La decisión judicial fue comunicada por Marijuan justo cuando el Gobierno analiza traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras.

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“Existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, dijo Marijuán en una entrevista radial y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

Cabe remarcar que el Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal, en la misma línea que se había manifestado la vicepresidenta Cristina Fernández el 20 de junio pasado.

“Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”, subrayó el fiscal, agregando que “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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Marijuan basó su denuncia en un artículo periodístico y en declaraciones de Solano, quien manifestó que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”, lo que, según consta en la causa, "sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”, dijo el fiscal federal.

“Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, indicó Marijuan.

El fiscal propuso como medidas de investigación que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.

También pidió a ambos ministerios que hagan “saber si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.

Por último, Marijuan solicitó indagar si el gobernador bonaerense Axel Kicillof y/o los intendentes de Buenos Aires recibieron denuncias sobre estos hechos y a la ANSES, los requisitos que deben reunirse para acceder al programa. La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini.

Fuente: La Nación