La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a Susana Giménez luego de que la conductora "estrella" se negara a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019.

Según autoridades de la entidad recaudatoria, la diva adeudaría $50.000.000, pero el organismo público determinó que, debido a las multas e intereses, ese monto podría llegar hasta $300 millones.

Giménez, quien reside en Uruguay, aduce que la reforma de ese impuesto, sancionada por el Congreso a fines de 2019, es “confiscatoria”. Por eso, en su momento, solicitó una medida cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 - Expediente 2254/21) por el incremento de la alícuota. La acción fue rechazada por el juzgado y apelada por la conductora.

Imagen ilustrativa: Infobae
Imagen ilustrativa: Infobae

En el mismo expediente, la estrella televisiva presentó otra cautelar para no ser denunciada penalmente, que fue rechazada en julio porque “no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración”. La misma fue apelada y a la fecha no tiene resolución.

“No hay delito fiscal dado que trata de (una reforma) confiscatoria y que afecta a la Constitución Nacional”, apuntó el contador de la diva, César Litvin, este mediodía en una entrevista con Radio con Vos.

Según explicó el profesional, el motivo por el cual Giménez se niega a presentar su declaración jurada es que las alícuotas de Bienes Personales aumentaron “de forma exorbitante”.

Fuente: La Nación