Marcelo Corazza, ex ganador y productor del programa Gran Hermano, se entregó a las autoridades y fue nuevamente detenido por corrupción de menores. La Cámara del Crimen revocó su libertad y emitió una orden de detención debido a su presunta participación en el delito de trata con fines de explotación sexual, en el marco de una causa por abusos sexuales que se remontan a 1999 y que involucra a otros sospechosos.

El ex participante de Gran Hermano, de 50 años, se entregó voluntariamente en la división Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, y quedó bajo arresto. Inicialmente, Corazza había sido procesado por corrupción de menores y abuso sexual, pero luego se le imputó el delito de asociación ilícita, lo que llevó a la orden de detención.

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El juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento continúa la investigación con Corazza y otros tres implicados detenidos: Raúl Mermet, Andrés Fernando Charpenet y Francisco Rolando Angelotti. La Cámara determinó que todos ellos cometieron el delito de trata de personas agravado por la cantidad de víctimas menores de 18 años y su situación de vulnerabilidad.

El fallo se basó en las declaraciones de las víctimas y en las conversaciones vía chat entre los acusados, obtenidas a partir del análisis de sus teléfonos secuestrados. El personal del Programa Nacional de Rescate, encargado de entrevistar a las víctimas, concluyó que estas mostraron disposición para dialogar y presentaron testimonios claros y ordenados.

Según la Cámara, los acusados, que son significativamente mayores que las víctimas, utilizaban el método de seducción mediante regalos y promesas para luego abusar sexualmente de ellos. En el caso de Corazza, se le imputa un hecho ocurrido en 2001, después de haber ganado Gran Hermano, donde presuntamente se masturbó frente a un menor en la vía pública.
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El tribunal consideró que la asociación ilícita tenía como objetivo alterar el desarrollo psicosexual de las víctimas, y que los actos cometidos por los acusados afectaron la integridad sexual, la libertad y la autodeterminación de las víctimas, lesionando su dignidad personal.

Además de resolver la situación de los acusados, los jueces determinaron que la causa debe pasar a competencia federal debido al delito de trata de personas, por lo que es probable que la misma sea remitida a los tribunales federales de Comodoro Py.