Universidades nacionales: “¿El Gobierno va a continuar con una política de Estado?”

Ante la falta de una Ley de Presupuesto General, el Gobierno nacional prorrogó a fines de diciembre último el Presupuesto de 2023. La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional indican, ante esta situación, que debe utilizarse el Presupuesto del año previo, "con adecuaciones que deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional". 

Con una variación de precios al consumidor del 254,2 por ciento interanual (enero) administrar cualquiera de las 57 casas de estudio con los mismos recursos de 2023 resulta en la práctica imposible. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no pueden garantizar el normal funcionamiento de las unidades académicas y advierten sobre la tremenda licuación a la que fueron sometidos salarios docentes y no-docentes. 

Electricidad, limpieza, seguridad, cuestiones administrativas. Las universidades nacionales no tienen garantizados los recursos para el funcionamiento de los servicios básicos. En contacto con este medio, Carlos Greco, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Martín, da un ejemplo que se repite en las casas de estudio que dependen financieramente del Gobierno nacional.

“Seguridad es un servicio que tenemos tercerizado y actualmente hay que licitarlo. Estamos estimando que el costo se va a incrementar en un 250 por ciento, algo que de ninguna manera podemos afrontar”, dice el rector, y advierte al mismo tiempo por la licuación de salarios.

Para gastos de funcionamiento (uno de los dos rubros que requiere mayor parte del presupuesto universitario) los recursos que bajó Nación son los del presupuesto diseñado en septiembre de 2022. Desde esa fecha, la inflación medida por INDEC acumuló una variación del 367 por ciento. “La partida para funcionamiento nunca tuvo una actualización o recomposición”, agrega Greco.

-Los rectores vienen expresando que peligran cuestiones esenciales (“faltará papel en los baños” es una de las imágenes), sin mencionar el impacto cualitativo que representa la licuación de ingresos. ¿Qué sensaciones le produce que la educación, con toda la potencia que resguarda, esté comprometida en estos aspectos básicos?

-La verdad que lo que quisiéramos conocer, honestamente, es la política del Gobierno nacional respecto a la educación. Los procesos de las universidades son de mediano y largo plazo, requieren años y, por supuesto, inversión. Formar un graduado, desarrollar un proyecto de investigación, desarrollar un producto de matriz tecnológica es algo que requiere años de trabajo. La discontinuidad de proyectos de esta naturaleza significa una gran pérdida para toda la sociedad. Lo que los rectores queremos saber es cuál es la política del Gobierno. Hay un punto en esta discusión en el que nosotros no podemos resignar calidad. No podemos resignar nuestros principios básicos de acceso y gratuidad, de formación de alumnos, la posibilidad de generar transferencias de valor a las empresas, ventajas competitivas, desarrollos tecnológicos. No podemos degradar la educación superior. Entonces nuestra pregunta es: ¿el Gobierno va a continuar con una política de Estado? Nosotros creemos que sí, que tiene que continuar.

"La única forma de que este país alcance soluciones es con más desarrollo de conocimiento. Los verdaderos excluidos de la Argentina son los que no pasan por un proceso educativo. Entonces la educación es lo último que tenemos que resignar. Desde el CIN estamos dispuestos a colaborar con esfuerzo y dedicación, pero hoy estamos necesitando lo básico" Greco

-¿Existe contacto con diputados y senadores para intentar destrabar el conflicto? En esa eventual puja legislativa, ¿qué tan factible puede ser la discusión para un presupuesto anual para las universidades?

-Es una alternativa que estamos evaluando en este sentido: no queremos saltar ni pasar por encima de nadie. Como dijimos, queremos agotar las instancias institucionales. Lo cierto es que el poder Legislativo es una de las instancias posibles. Los diputados y senadores tienen la responsabilidad de legislar y, sin dudas, un mandato legislativo es una ley de presupuesto anual. El Ejecutivo es el responsable de las universidades nacionales y tiene que promulgar una ley de presupuesto. Evaluamos pedir a los legisladores que tengan en consideración dictar una ley de financiamiento universitario.

-¿La clave está en Capital Humano o Economía?

-La Secretaría de Educación nos recibe y escucha nuestros pedidos, pero de allí en más las otras interlocuciones al interior del Gobierno no bajan una respuesta. Hicimos una primera presentación a la cartera educativa. Una segunda en el Ministerio de Capital Humano. Todavía no tuvimos respuesta formal. Nos llegó una versión de que habría una actualización de partidas del 65 por ciento para gastos de funcionamiento, que son insuficientes, pero bueno… por ahora no hay nada formal. Estamos esperando una contestación de Capital Humano; si no nos contestan, iremos a Economía, a Jefatura de Gabinete… vamos agotar las instancias porque necesitamos una respuesta.

Gasto en personal: una licuación del 50 por ciento

Greco advierte sobre el ajuste que vienen sufriendo las universidades nacionales. “El último acuerdo paritario se firmó en diciembre e involucró la negociación por el salario de noviembre. Es decir que los salarios que pagan las universidades sufrieron la inflación de diciembre (25,5 por ciento, IPC INDEC) enero (20,6 por ciento) y febrero (estimaciones privadas van del 10 al 15 por ciento). El acumulado llega al 70 por ciento en tres meses. Con esos números, se les ofreció a gremios docentes y no-docentes una recomposición del 16 por ciento. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades nacionales supera el 50 por ciento”. 

Detrás de los números, la realidad material y las condiciones de la producción de conocimiento. “El ajuste en términos cuantitativos es muy relevante, pero también nos preocupa un problema de calidad. Las condiciones en la que nuestros trabajadores tienen que desempeñar sus funciones se ven deterioradas, degradadas”, suma el presidente del CIN.

Universidad Nacional de Córdoba

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dio a conocer una resolución en la que manifiesta la “preocupación de la comunidad universitaria en relación a la situación presupuestaria de las universidades nacionales”.

La resolución se aprobó en la última sesión del martes 27 de febrero en la que, además, se encomendó al rector Jhon Boretto a realizar gestiones ante el Ministerio de Capital Humano “con el objetivo de que la Universidad Nacional de Córdoba cuente con un presupuesto para el presente año que asegure la continuidad de sus funciones en docencia, investigación y extensión, así como las actividades en sus Facultades, Colegios preuniversitarios, Hospitales y en todas sus instalaciones universitarias”.

El Consejo Superior aprobó el 27 de febrero el proyecto de reconducción presupuestaria para los Servicios de Radio y Televisión (SRT-UNC). Uno de los puntos contempla “la implementación de un proceso de reconversión y la búsqueda de financiamiento alternativo con la participación de los trabajadores”.

Por otro lado, las autoridades de la UNC invitaron “a los legisladores nacionales a participar de las comisiones del Consejo Superior de la UNC, a fin de debatir conjuntamente la situación económica de las universidades nacionales y de la sociedad en general”.