La fiscal Graciela López de Filoñuk los imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich y la exministra de Seguridad Cecilia Rodríguez fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el motín de la Policía de Córdoba en 2013.

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk ordenó la imputación contra los exfuncionarios nacionales.

Según fuentes judiciales, la orden fundamenta que los imputados no respondieron ante los insistentes llamados de las autoridades provinciales ante el motín policial que generó graves daños en Córdoba.

El motín policial de 2013

Bajo un reclamo salarial legítimo de los agentes y pujas políticas y de poder dentro de la plana mayor de la Policía de Córdoba, lo que comenzó como una protesta de familiares y mujeres de policías, derivó en un acuartelamiento de 36 horas que dejaron a la ciudadanía sin protección del estado y expuesta a la barbarie de saqueos, disturbios e intentos de justicia por mano propia.

A mediados de noviembre se iniciaron las primeras acciones a través de mensajes de texto que circulaban entre celulares difundiendo un supuesto malestar dentro de la fuerza por bajos salarios.

Esas comunicaciones derivaron en la primera acción de protesta llevada adelante por esposas y familiares de uniformados el lunes 2 de diciembre, frente al edificio de la Guardia de Infantería. La medida que impidió el ingreso y egreso de vehículos de esa repartición policial no tuvo respuesta por parte del gobierno.

Durante la madrugada del tres de diciembre un centenar de efectivos se acuartelaron en la sede del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Barrio Cerveceros junto a sus esposan que también aquí bloquearon los ingresos.

Con el correr de las horas, y ya con la presencia del abogado Miguel Ortíz Pellegrini en el lugar para encabezar la negociación en representación de los policías, creció el número de efectivos acuartelados. La demanda inicial fue de un salario básico de 13 mil pesos.

Durante toda la jornada la tensión fue en aumento y se sucedieron las reuniones para negociar una salida al conflicto entre la jefatura policial, el jefe de gabinete Oscar Gonzalez, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y los representantes de los policías, pero la resolución se dilató porque el gobernador José Manuel De la Sota se encontraba en Panamá donde había hecho escala en su viaje a Colombia, ya que tenía pensado asistir a un encuentro regional de gobernadores.

Descontrol, caos y saqueos.

Con el conflicto aún sin resolver, parte de la policía acuartelada y la mayoría de los efectivos sin salir a patrullar la ciudad, Córdoba se convirtió en zona liberada para el vandalismo, los robos y los saqueos.

Apenas caída la noche, los saqueos afectaron a numerosos comercios y supermercados del centro y diferentes barrios de la ciudad. En la mayoría de los casos, los delincuentes atacaron los inmueble en grupos de a pie o en motocicletas.

Esto generó la reacción de vecinos que salieron a las calles a atacar a los delincuentes y tratar de defender los comercios. En algunos lugares donde hubo efectivos policiales cumpliendo con sus tareas, se produjeron enfrentamientos con los delincuentes.

Debido a la gravedad de la situación el gobierno provincial y el municipal decretaron asueto administrativo y se suspendió el transporte público de pasajeros. Por su parte los bancos y la mayoría de los comercios cerraron sus puertas.

En las primeras horas del 4 de diciembre, finalmente el gobernador José Manuel de la Sota regresó a la provincia y se puso al frente de las negociaciones.

Luego de varias reuniones, el primer mandatario provincial realizó una convocatoria amplia a todo el espectro político, judicial, eclesiástico y civil para anunciar un acuerdo con la policía y el fin de la huelga y el acuartelamiento.

Luego de la crisis, se conocieron lo detalles del acuerdo que consiguieron los efectivos policiales; un incremento salarial de más del 30 por ciento para el personal de la fuerza, elevando el básico a 8 mil pesos a partir de febrero de 2014 y la promesa de que no habría sanciones ni represalias para los huelguistas.

Finalizaba allí el motín policial, pero el análisis de la gravedad de la ruptura social que quedó expuesta en esas caóticas 36 horas sin policías en la calle, aún no tuvieron una explicación acabada.

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