El presidente de Brasil apunta al plan de “Homeschooling”, declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Triunfo de sectores religiosos.

La ocasión fue la presentación de la agenda legislativa de Gobierno, al cumplirse cien días de gestión de Jair Bolsonaro.

Allí, mientras aún estaba caliente el fallo de la Corte Suprema de Brasil prohibiendo el “Homeschooling", el presidente anticipó el envío de un proyecto de ley al Parlamento.

La iniciativa fue planteada cómo una de las prioridades, con la idea de reglamentar “la enseñanza domiciliaria", para asimilarla a la educación pública en el país.

Los grupos religiosos a través de la organización agrupados en “Todos por la Educación”, han visto al Poder Legislativo rechazar ya ocho proyectos sobre el tema. El primero de ellos data de 2001, y en el camino incluso incluyó una propuesta de enmienda constitucional.

En la agenda legislativa que presentó ayer Bolsonaro se incluyó este proyecto de Ley, que, contra toda lógica, no es gestionado por el Ministerio de Educación (MEC), sino por el Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos. La ministra Damares Alves defendió su intervención en el proyecto porque esa es “una demanda de las familias”. Agregó: “Claro, asociados y con la anuencia del Ministerio de Educación, pero la intervención de nuestro ministerio es legítima”.

El proyecto de ley sobre enseñanza domiciliaria prevé un padrón de alumnos y evaluaciones anuales realizadas por el Ministerio de Educación; si el alumno fuese reprobado dos años consecutivos perdería el derecho de participación en el modelo.

Indica, a su vez, que la opción por la educación domiciliaria será formulada a través de una plataforma virtual que también dependerá del MEC. Las familias deberán presentar documentación como antecedentes criminales, carnet de vacunación y un plan pedagógico individual, propuesto por padres o tutores legales.

Los educadores critican la medida porque una autorización de este tipo reduce el derecho de las niñas y niños para recibir una educación plena para atender a las convicciones de los padres.

Se advierte, a su vez, que la medida afectaría a unas 31.000 familias. En Brasil hay más de 48 millones de estudiantes. Parece esta una medida apropiada para mensurar el poder de la bancada religiosa del parlamento brasilero