El Gobierno transformó la Dirección actual en una Sociedad del Estado. Incertidumbre por las condiciones laborales.

A través del decreto 104/2019, este viernes el gobierno nacional concretó la “transformación” de la actual Dirección General de Fabricaciones Militares, en una Sociedad del Estado (SE).

Se anexó a la publicación el flamante Estatuto Social de la entidad y se oficializó la transferencia de presupuesto destinado, sus bienes, macas, registros y patentes.

Se destaca que la SE seguirá en la órbita del Ministerio de Defensa, “tendrá por objeto la investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas de seguridad, defensa, minería, industria química e industria metalmecánica” y, a su vez, “podrá comprar, vender, permutar, importar o exportar dichos bienes y servicios”.

De modo genérico, el Gobierno plantea que los espacios deben exceder sus tareas públicas en busca de fondos, destacando entre los considerandos la necesidad de “una reorganización administrativa, contable y financiera de dicha Dirección General, con el propósito de facilitar su operación con un nivel de dinamismo, eficiencia y economicidad comparables con el resto de las empresas pertenecientes al sector privado”.

En su artículo 10, el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, se aclara que su instrumentación se llevará adelante de acuerdo a los “Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina”.

La realidad de Fabricaciones Militares

La incertidumbre que reinó en los últimos tiempos entre los empleados, difícilmente quede subsanada a partir de ahora.

Es que las dependencias del sector vienen siendo golpeadas en las últimas décadas por una precarización laboral y una larga lista de contratados, a la que se le sumaron masivos despidos durante la gestión actual de Gobierno.

Las últimas imágenes, con lecturas de listas de cesanteados delante de los mismos trabajadores, entre llantos y abrazos, renuevan la incertidumbre del nuevo panorama.

A su vez, la caída de contratos se fue multiplicando con el paso de los años, por obra y gracia de la conducción, en formato de intervención.

Pero el artículo 4 pone en alerta a los empleados, ya que se establece un plazo de seis meses para “iniciar las negociaciones de un Convenio Colectivo de Trabajo para su personal”, sosteniendo por ahora las condiciones actuales.

Sin dudas, la cuestión trae tela para cortar.

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