En las últimas horas, se conoció que la sala III de la Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las escuchas dispuestas a familiares y allegados a Santiago Maldonado, mientras se investigaba su desaparición, producida el 1º de agosto de 2017 en el marco de un operativo ilegal de Gendarmería Nacional, con la intención primaria de desalojar un corte en la ruta 40.

En un principio fue Guido Otranto, el primer juez del caso, quien dispuso la intervención a los teléfonos celulares de Sergio Maldonado, integrantes de la comunidad de Cushamen, en Chubut, la última persona con la que habló Santiago, la vecina de El Bolsón Marcela Stocovaz, y la integrante de la comunidad mapuche Claudina Pilquiman.

Al asumir en el caso Gustavo Lleral solicitó la destrucción integral del material, por considerarlo “inconstitucional”, aunque el fallo revocado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la familia Maldonado lo volvió a recurrir.

Finalmente, el pedido fue rechazado con dos votos de magistrados favorables y uno en contra, argumentando que no se trata de “una cuestión definitiva”, que tales escuchas eran parte del Hábeas Corpus y que “no hubo arbitrariedad”.

La determinación, que será recurrida, llegará a la Corte Suprema de Justicia.