La concejala socialista Laura Sesma se refirió a la detención de los sindicalistas del gremio de recolectores de residuos (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone y a otra denuncia, presentada en 2018, para que se investigue a la dirigencia del gremio, por irregularidades en los contratos con la Municipalidad de Córdoba.

Concretamente, la denuncia de la edil detallaba la operatoria con la que los sindicalistas manejaban la mutual y el sindicato, y advierte sobre presuntas irregularidades en el servicio de recolección de residuos y el impacto que tenía en el precio que cobraban las empresas para juntar la basura.

La causa que tomó estado público ayer, con la detención de Saillén y Catrambone, es diferente a la denuncia de la concejal. Los sindicalistas están detenidos por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y asociación ilícita, en una causa que ya tiene varios años. En el comienzo, la investigó la fiscal provincial Patricia García Ramírez. Luego, fue enviada al juzgado federal de Ricardo Bustos Fierro porque se habrían recabado pruebas que remiten al lavado de activos, un delito complejo de instancia federal.

Sobre la presentación que realizó en mayo de 2018, Sesma, quien fue una de las primeras denunciantes del gremio de recolectores, explicó que tiene un fin diferente. La causa "está ante el fiscal Garzón y tiene por objetivo que se investiguen las irregularidades que, para mí, han existido y existen en la gestión y el pago de servicios de basura", adujo.

Tras la detención de Catrambone y Saillén, quienes ya fueron trasladados al penal de Bouwer, el juez Bustos Fierro se consideró incompetente para entender en la investigación. Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la que decidirá qué juzgado seguirá interviniendo en el caso.

Para Sesma, hay que investigar si no existe connivencia política en los negocios de Saillén y Catrambone. "No sé si hay complicidad por acción, por omisión, si hay funcionarios inútiles o si hay funcionarios cómplices", para luego apuntar que por el contrato de recolección de residuos la Municipalidad paga 458 millones de pesos por mes. Así, se convierte en el contrato de servicios al que se destina la mayor proporción del presupuesto municipal.

Pero la denuncia no termina allí. Sesma aseguró que de esos 458 millones de pesos mensuales que se pagan en ese servicio, 164 millones van para el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), institución que se ha convertido en una "bolsa de trabajo" para el gremio, de acuerdo a las observaciones de la concejala.

La edil afirmó que este manejo en el Esop "lo han reconocido hace poco. (César) Ferreyra" - ex director del ente - "una vez reconoció claramente y dijo que todo lo que era manejo de empleado lo manejaban ellos. (...) El sindicato tiene otra función, la de preservar el salario de los trabajadores y cuidar su salud, cosa que estos no hacen", concluyó.