Este martes pasado, en búsqueda de la regularización del trabajo no registrado en el país, comenzó la discusión de blanqueo laboral en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado.

La novedad era que representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) iban a estar presentes en la discusión, sin embargo, de forma sorpresiva y sin justificación, no asistieron y se pasó a un cuarto intermedio.

Quien sí estuvo en la reunión fue el presidente de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Gerardo Díaz Beltrán, quien coincidió en que “necesitamos indudablemente el acompañamiento del poder sindical”, ya que “es nuestra responsabilidad buscar soluciones en forma conjunta”.

Díaz Beltrán indicó que “el blanqueo no soluciona los problemas de fondo, pero saca la precariedad del aspecto laboral, genera empleos que van a tener un salario acorde, y ese salario se va a volcar en consumo”.

Frente a la grave situación económica que vive el país, el titular de la Confederación manifestó: “Somos muchísimas las pymes que hace muchos años venimos sosteniendo el empleo estoicamente. Una pyme tiene un compromiso social, más que económico. Y no despedimos porque no tenemos la espalda financiera para hacerlo”.

La iniciativa, impulsada por senador de Cambiemos, Roberto Basualdo con el apoyo del Gobierno lleva el título “regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral”.

Establece un plazo de 365 días corridos, desde la entrada en vigencia de la norma, para que los empleadores regularicen la situación de sus trabajadores en negro.

Otro de los cambios que sufrió el texto original tiene que ver con adelantar la vigencia del mínimo no imponible del pago, por parte del empleador, de un tercio de los aportes y contribuciones totales.

También se incorporó un nuevo artículo que acota el ámbito de aplicación de multas; y se especificó que los beneficios se obtendrán solo por el excedente de la grilla salarial -“si el empleador mañana despide a tres trabajadores, tendrá que sumar cuatro”, ejemplificó Basualdo.

Uno de los ítems contempla que los empleadores que regularicen a sus trabajadores dentro de los 30 días de denunciada la irregularidad por parte del dependiente, contarán con algunos beneficios: extinción de la acción penal y de infracciones y multas en materia laboral y de seguridad social, y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

También se contempla una cláusula de promoción del empleo, por la cual las empresas que tomen nuevos trabajadores durante el plazo que dure el blanqueo gozarán de la exención de las cargas patronales destinadas al sistema previsional por el término de dos años.