Apuntó a una jueza por liberarlos con “antecedentes y prohibición de ingreso”. La magistrada consideró “falaz e irresponsable” la acusación.

Nuevamente con la temática Seguridad en la órbita, el presidente Mauricio Macri marcó presencia vía redes sociales.

En este caso, la cuestión pareció apuntar a una doble estigmatización: el “motochorro”, por un lado, y los extranjeros, por el otro. Fue acusado, a su vez, de una generalización y la falta de datos sobre los casos.

“Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance”, indicó.

Patricia Guichandut, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 de la Ciudad de Buenos Aires, se sacó de encima los dos casos en cuestión.

Por un lado, se refirió a la probation dictada al colombiano Jair Stevens Jurado Mora, acusado de “robo en grado de tentativa” por sustraer un celular en Caballito y liberado tras el pago de $ 700 y la imposición de varias reglas de conducta.

Adujo haber recurrido a la Policía Federal y el Registro Nacional de Reincidencia y no contar al liberarlo con la documentación que después aportó la Dirección Nacional de Migraciones.
Jurado Mora no apeló una decisión administrativa de deportación, la cual quedó firme. Tras esto, la magistrada adoptó la resolución de detenerlo y deportarlo.

Respecto a la otra causa, que involucra al uruguayo Antonio José Franco, la jueza dio a conocer de manera pública que no participó en la investigación.

En este caso, el ciudadano arribó a Argentina hace 25 años y cursó estudios en el país; tendría una orden de expulsión pero la misma fue apelada y no está firme.

Por esto, Guichandut expresó: “Los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda un ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional. Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal no es el Poder Judicial el que pueda dar respuesta al tema”.

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