Ya pasaron casi dos años de aquella fatídica madrugada del 6 de agosto de 2020 cuando el joven Valentino Blas Correas de sólo 17 años fue asesinado por un disparo policial y en la Cámara Octava del Crimen se ultiman los detalles para fijar la fecha del comienzo del juicio, mientras los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra han ofrecido las pruebas.

Los encargados de llevar adelante la acusación, pidieron los testimonios, las pericias y todos los elementos obrantes en la causa que pretenden sean incorporados a fin de llevar adelante el proceso. Ahora, se deberá resolver todo lo vinculado a la incorporación de la prueba, tras lo cual el tribunal presidido por el juez Marcelo Jaime, estará en condiciones de establecer la fecha de inicio de las audiencias, que según las estimaciones previas serían entre fines de agosto y comienzos de septiembre.

Cabe recordar que en el marco de la causa por la muerte de Valentino Blas Correas hay trece policías imputados, entre los considerados autores materiales del hecho, encubridores y los que están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En detalle, los 13 imputados son:

-Los cabos primero Lucas Gómez y Javier Alarcón, imputados por "homicidio calificado". Cabe recordar que Gómez fue condenado en otro juicio por encubrir a un violador serial en La Calera.

-El subcomisario Sergio Alejandro González, la agente Wanda Micaela Esquivel, la oficial Yamila Florencia Martínez, el comisario inspector Walter Eduardo Soria, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo están imputados de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente" (el homicidio), y de “omisión de deberes de funcionario público” por no haber avisado, individualizado y detener a los dos que dispararon.  

-El cabo Leonardo Alejandro Martínez, el agente Rodrigo Emanuel Toloza, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y cabo Leandro Alexis Quevedo, llegan al juicio imputados por “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente”.

-El comisario inspector Juan Antonio Gatica está incluido en esta elevación a juicio por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.

Cabe recordar que se trata de la causa principal que se lleva "en contra de quienes ejecutaron a Blas Correas por la espalda, y todos aquellos tramos antes, durante e inmediatamente después en donde se vieron uniformados que participaron con acciones u omisiones tendientes a encubrir y a desviar la investigación y hasta incluso, en algunos de sus accionares como plantar un arma , fue no solamente para engañar y desviar la investigación del fiscal, sino también para ensuciar a estos pobres adolescentes que solamente estaban ese día para divertirse", según indicó Alejandro Pérez Moreno, representante de la familia de Blas.

En ese sentido, vale aclarar que en esta parte no se juzgará a los tres civiles, empleados de la clínica Aconcagua, que están imputados por abandono de persona y cuya responsabilidad se dirimirá en otro juicio. 

Los acusados son Fernando Gabriel Casalino, Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo. El hombre fue imputado de abandono de persona -delito tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión y cuenta con agravantes que la aumentan si de él resulta un grave daño o la muerte de la víctima, como en este caso- por haber librado a su suerte al adolescente.

Las mujeres, en tanto, están imputadas del delito de Omisión de Auxilio -que también tiene una pena de entre 2 y 6 años de prisión- por haber omitido prestarle cualquier tipo de ayuda.

A través de los videos internos del sanatorio y de distintas declaraciones de testigos, la Fiscalía logró determinar que una amiga de Blas de 17 años de edad, logró ingresar al interior del centro médico y con gritos de desesperación requirió atención inmediata para el adolescente, quien minutos antes había recibido el disparo de un arma de fuego policial. 

Pese a los ruegos  y a los llantos de la joven, Casalino no se hizo cargo, con la excusa de que el hecho había ocurrido en la vía pública. Mientras tanto, las coimputadas Mezzacapo y Moya guardaron absoluto silencio, omitiendo deliberadamente procurar cualquier tipo de auxilio inmediato para el herido.

Jorge Vasallo desde Tribunales by cba24n.com.ar