Posiblemente el desarrollo de la pandemia por coronavirus haya sido el puntapié para volver a poner en agenda la postergación de la salud mental en el país. Hoy, navega entre la falta de políticas y los escasos recursos.

De hecho este viernes tiene lugar en Córdoba la novena marcha, que pide por la implementación de la Ley Nacional 26.657 y la norma provincial, sancionadas hace doce años.

En ese contexto, desde el Colegio de Psicolgues de Córdoba vienen realizando amplias críticas a la Administración Provincial de Seguridad Social (Apross). Puntualmente, por el sostenimiento de un esquema de “gravísima precarización” de los profesionales y las complicaciones que esto genera a sus afiliados.

Las autoridades remarcan que realizaron “tres pedidos formales de audiencia” a Apross y continúan “sin ser recibidos”.

Hoy la administradora que nuclea a empleados públicos activos y pasivos cordobeses “paga 30% del honorario mínimo de referencia a Psicólogos”: $ 769 contra los 2100 pesos que son “estándar”.

Pero a su vez, en los últimos tiempos se sumó un último ítem: profesionales de Psicología encuentran “trabas administrativas en las preliquidaciones” que demorarían futuros pagos "en caso de no resolverse a la brevedad".

De manera increíble, perciben el monto por sus prestaciones “a tres meses de ocurrida la práctica”, sin tener en cuenta el contexto inflacionario y con descuentos administrativos.

El Colegio aduce además que “no les importa la salud mental”, teniendo en cuenta que solo cuentan con “200 profesionales” de la especialidad “para 650 mil afiliados”.

Existe, un proceso de “obstaculización al acceso a las prestaciones de psicoterapia individual”.