Córdoba reabre el debate y busca regular la protesta social
La Legislatura provincial tratará esta semana dos proyectos que buscan modificar el Código de Convivencia. En el centro de la escena: el protocolo antipiquetes y la tensión entre el derecho a la protesta y el orden público.
El gobierno de Córdoba vuelve a poner en foco esta semana un tema que recibió una particular atención este último tiempo: cómo regular las protestas sociales sin caer en restricciones excesivas.
Este jueves a las 14 horas, la Legislatura tratará dos proyectos que buscan modificar el Código de Convivencia y establecer sanciones administrativas para los comportamientos violentos en manifestaciones.
Nadia Fernández, legisladora por el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, habló en exclusiva con Canal 10 y confirmó que se incluirá el protocolo antipiquetes en el temario de la próxima sesión legislativa.
"El Poder Judicial nos interpela y pide una herramienta concreta que no sea el Código Penal, sino algo más efectivo, como sanciones administrativas o multas”, explicó Fernández. En tanto, la Justicia pretende obtener respuestas por parte del ámbito político, y Córdoba ya empezó a peparar el escenario.
En ese camino, hay dos proyectos en la comisión de Seguridad. Uno ya conocido, presentado en 2022 por Juan Manuel Cid (también de Hacemos por Córdoba), que busca actualizar el Código de Convivencia. El otro, más reciente y con un enfoque más punitivo, es del legislador Spaccessi y guarda similitudes con el protocolo nacional.
“Vamos a iniciar el debate de ambos proyectos este jueves. Hay que poner el tema sobre la mesa”, adelantó la legisladora.
En ese sentido, Fernández reconoció que el derecho a la protesta está garantizado, pero que hay que repensar las herramientas para hacer frente a situaciones incontrolables. “Cuando se presentó el proyecto en su momento, Córdoba estaba atravesada por acampes y movilizaciones todos los días. Se necesitaba una forma clara de coordinar las protestas con notificación previa”, recordó.
También admitió que en ese entonces el proyecto no prosperó porque el, en ese entonces, intendente Martín Llaryora, junto al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, consensuaron un protocolo con las organizaciones sociales. "Funcionó, pero por poco tiempo. Ahora hay que barajar y dar de nuevo”, remarcó.
El nuevo protocolo que se discutiría incluye la posibilidad de manifestarse, pero bajo ciertas condiciones: avisos previos, coordinación con las fuerzas de seguridad, corredores sanitarios y medidas para no interrumpir servicios esenciales.
“Hoy existen herramientas para garantizar que la ciudad no quede sitiada como el jueves pasado”, señaló Fernández, haciendo referencia al caos generado por las múltiples movilizaciones con motivos de: aniversario del Cordobazo, protestas del Suoem y reclamos de prestadores de servicios para personas con discapacidad.
En paralelo, también se barajan otras modificaciones al Código de Convivencia, como endurecer las sanciones por eludir controles policiales, un episodio que generó relevancia tras un reciente episodio en el que un automovilista atropelló a un agente de la Caminera.