Un grupo de vecinos auto convocados de Villa Allende están preocupados por las consecuencias que puede tener la construcción de un puente en un emprendimiento privado sobre el arroyo Saldán y formularon una denuncia pública al respecto.

En la misma, señalan que la obra fue autorizada en un primer momento por el municipio de Villa Allende y luego por Recursos Hídricos de la Provincia, a pesar de que “el puente autorizado tiene una capacidad de conducción muy inferior a los 180 m3 que se requieren para cualquier obra de sistematización del arroyo”.

En ese sentido, recuerdan que “el 5 de septiembre de este año, comenzaron los trabajos para un puente privado, talando los árboles de la ribera del arroyo Saldán, correspondiente a la margen del Apart Hotel del que tiene acceso vial al final de la calle Blas Parera, contigua al puente Pellegrini en Villa Allende”.

La construcción del hotel comenzó “después de la gran inundación del 15 de febrero de 2015”, autorizada por el municipio de Villa Allende, a pesar de que los vecinos venían cuestionando “la obra desde que comenzó a partir del permiso inicial del 2011, dado por el entonces intendente Máximo Martínez, después de que hubiera perdido las elecciones y antes de entregar el mando al nuevo intendente”.

En el comunicado a través del cual exponen la situación, afirman que “la Provincia estimó, ante las evidencias de la inundación, que la capacidad del puente Pellegrini que entonces existía, era insuficiente para conducir una creciente mediana en ese lugar. Procedió a demolerlo y a construir el actual puente, con capacidad para 180 metros cúbicos por segundo”.

“Increíblemente para nosotros, los mismos funcionarios que entonces actuaron así, son los que ahora autorizan un puente privado con una capacidad de conducción muy inferior a los 180 metros cúbicos que se requieren para cualquier obra de sistematización del arroyo ”, continúan expresando. 

Finalmente señalan que “la construcción de un puente privado es, a todas luces, un obstáculo al curso del arroyo Saldán. De esta manera, se ve priorizado el interés de un particular y aumentado el riesgo de vida de los vecinos, postergando el bien común y poniendo en riesgo el patrimonio de toda la ciudad”.