El máximo organismo judicial determinará la legalidad de la norma, impuesta vía DNU por el presidente, por sobre una ley del Congreso.

Una renovada Corte Suprema de Justicia, donde en 2018 Ricardo Lorenzetti dejó la presidencia en manos de Carlos Rosenkrantz, fijó en las últimas horas su agenda temática.

Allí se destacan sus futuros fallos que involucran a jubilados, yendo desde la legalidad respecto al pago de Ganancias hasta más demandas al Estado, por el presunto irregular cálculo para el pago de haberes.

A su vez, también se aguarda con expectativa el fallo respecto al blanqueo de capitales, que demanda una centralidad política.

La particularidad es que analizará la legalidad del ingreso en el esquema de familiares de funcionarios públicos, que involucra un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri.

Es que la ley que el Congreso sancionó en 2016, con el contexto del Régimen de Sinceramiento Fiscal prohibía expresamente el ingreso de familiares, pero el DNU presidencial lo habilitó, poco tiempo después.

Es la Corte Suprema, ahora, la que debe resolver ante una presentación judicial.

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