El juez Claudio Bonadio que entiende en la causa de los cuadernos, vinculada al pago de coimas en obras públicas durante el gobierno kirchnerista, había imputado a Paolo Rocca, CEO de la empresa Techint.

La semana pasada, el magistrado había procesado al empresario y le había trabado un embargo de 4000 millones de pesos.

Sin embargo, los fiscales intervinientes, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, apelaron la decisión de Bonadío solicitando el procesamiento del empresario con “prisión preventiva” porque, según entienden “se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada".

Esta medida también alcanza al exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán (de la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de Proalsa-Chimen Aike).