Desde hace un mes que la agrupación Memoria Activa, que integran familiares de víctimas en el atentado a la Asociación Mutual Israelí en Argentina (AMIA), lo había anticipado, remarcando su rechazo.

Finalmente, la designación del hasta ahora fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, encuentra sus críticas, en momentos relevantes.

Es que, en febrero próximo continuarán los alegatos del proceso judicial que ya se extiende por tres años, que indaga en el encubrimiento del atentado, después de que la primera investigación, a cargo del hoy procesado juez Juan José Galeano, fuera declarada nula.

En el juicio que confirmó el pago de un soborno de 400.000 dólares de parte de la SIDE al reducidor de autos Carlos Telleldín, también están imputados Carlos Menem, los exfiscales Mullen y Barbaccia, directivos de la exsecretaría de Investigación, la DAIA y otros partícipes en el hecho.

El rechazo a Basso de parte de Memoria Activa es clara. “Y ahora el procurador Casal, designó sin avisar a un nuevo fiscal en la UFI-AMIA. Sebastián Basso deberá investigar las maniobras encubridoras en las que participó su tía, la fallecida camarista María Luisa Riva Aramayo, actor clave en el desvío de la investigación”, describieron vía redes sociales.

Riva Aramayo hubiera sido, de no haber fallecido a principios del siglo, seguramente juzgada. Fue una de las visitas que recibió Telleldín mientras cumplía su condena a mediados de la década de 1990.

Ahora, su sobrino, de quien sospechan familiares, cerrará una querella en el caso, que ya dio un giro en los últimos tiempos, merced a la aparición del ministro de Justicia Germán Garavano, de amplia cercanía con los exfiscales que son juzgados.