La Justicia Nacional del Trabajo lo declaró inconstitucional. Una medida cautelar suspendió su vigencia.

El Decreto 669/2019 con que el Poder Ejecutivo modificó la manera de calcular las indemnizaciones en casos de muerte de un trabajador, de incapacidad definitiva o de enfermedad profesional, fue declarado inconstitucional por un fallo de primera instancia dictado por la Justicia Nacional del Trabajo.

Dicho fallo se sumó a la medida cautelar que hoy suspendió la vigencia de la norma ante un recurso de amparo interpuesto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La declaración de inconstitucionalidad fue dictada por por el juez Alejandro Segura, subrogante en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 41. Allí se dirime una demanda contra Experta ART y Galeno ART, presentada por el periodista deportivo Miguel “Tití” Fernández tras la muerte de su hija en el año 2014, en Brasil.

“La disposición así como está, sin hesitación alguna, de ser aplicada, constituye una flagrante violación al principio de progresividad de los derechos sociales (entre los que contamos los laborales), produciendo una innovación de carácter legislativo de ese carácter”, argumentó el juez Segura en su fallo.

Allí, entonces, no sólo establece la validez del reclamo de Fernández y le ordena a la aseguradora de riesgos del trabajo pagarle una indemnización de más de 3,5 millones de pesos, más actualización e intereses, sino que además establece la inconstitucionalidad de la norma dictada recientemente por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, la medida cautelar que frenó hoy la implementación de los cambios dispuestos a través de un DNU para establecer indemnizaciones en casos de muerte de un trabajador, incapacidad definitiva o enfermedad profesional fue resuelta en una acción de amparo promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el patrocinio del abogado Jorge Rizzo.

Esta resolución fue dictada por el juez de primera instancia Fernando Vilarullo, quien consideró que, al dictar esa norma, el Poder Ejecutivo se había arrogado “facultades legislativas vedadas por el artículo 99 de la Constitución Nacional”.

Qué establecía el decreto

Con la firma del presidente Mauricio Macri, la nueva normativa establecía que las indemnizaciones deberían actualizarse con el índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables (Ripte), con lo que dejaba atrás el cálculo por tasa activa de los bancos, como se venía haciendo.

De esta manera, las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) empezarían a calcular los montos de las indemnizaciones a una tasa inferior al 50 por ciento.

Fuente: Télam

 

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