Para Carlos del Frade, los directivos que en los últimos años condujeron los destinos de la cerealera Vicentín incurrieron en una extensa trama de delitos económicos.

El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, una de las personas que más ha investigado el derrotero de la empresa, afirma que es imprescindible investigar a fondo las maniobras de los empresarios durante los años 2018 y 2019.

El también periodista sostiene que tal análisis penal debe ser previo a cualquier decisión que se tome sobre los destinos de la firma, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores y aún en manos del cuestionado directorio que fuera repuesto por el juez Fabián Lorenzini.

"La historia empieza de forma productiva, en el norte de la provincia de Santa Fe, con el acopio de cereales y la desmontadoras de algodón. Pero se transforma, a partir de 2005, en una empresa que empieza a diversificar sus actividades económicas para pasar a la constitución de una offshore en Panamá, con lo cual se abría a la nueva modalidad del capital financiero del mundo, lo que significa multiplicar dinero con el dinero", expresó a Crónica del Mediodía.

"Eso ha quedado expuesto de forma manifiesta en los procesos penales que se acaban de abrir en la justicia penal argentina, en la justicia penal paraguaya y la justicia penal estadounidense, donde se empieza a hablar de una fuga de capitales de 200 millones de dólares. Ahí se empieza a explicar la famosa pregunta de dónde está la plata que el Estado le prestó en estos últimos cuatro años, por 150 millones de dólares que no fueron devueltos", amplió.

En diálogo con Canal 10, Del Frade remarcó que las maniobras implican también "una estafa para 2 mil productores, especialmente de Córdoba y Santa Fe, que le dieron la soja a Vicentín, pero se encontraron sin la soja y sin el dinero".

De tal manera, corresponde analizar los actos de corrupción considerando los actores involucrados de los dos lados del mostrador. Y para ello resulta necesaria una intervención.

"Hablamos de de lavado de dinero, fuga de capitales, subfacturación de exportaciones, evasión impositiva, salarios de explotación para los trabajadores de algodonera Avellaneda. Eso marca que no todos aquellos que forman parte de Vicentín son empresarios legales, sino que han cometido hechos ilegales. Con lo cual empezamos a ver que no solamente hay hechos de corrupción de parte del Banco de la Nación, que le prestó dinero de forma irracional, sino que también hay corrupción dentro de la propia empresa. Eso necesariamente habrá que investigar con profundidad. Por eso es tan importante meterse en la intervención de 60 días", enfatizó.

El legislador santafesino destaca la variedad de maniobras perpetradas por los directivos de la firma desde diciembre del pasado año, previo al cambio de gestión presidencial.

"De los 2638 acreedores que se presentaron al concurso, 98 son integrantes de la familia Vicentín. La empresa privada que más está reclamando acreencias se llama Nacadíe, que es el mismo nombre de la offshore que habían inaugurado en Panamá en 2005. La constituyeron dos días antes de la cesación de pagos: el 3 de diciembre de 2019. Esa empresa, que es de Vicentín, le reclama a Vicentín más de 216 millones de pesos. Hay un fenomenal emprendimiento de fuga de capitales, pero también de vaciamiento de empresa por los propios empresarios. Esto merece investigarse antes de discutir el futuro de la agroexportadora", alerta.

"Efectivamente comenzaron a desprenderse de patrimonios personales. Hay distintas maniobras de evasión fiscal, de elusión fiscal, de hacer aparecer empresas que ni siquiera tienen tiempo existencial para reclamar hoy el mayor proceso de endeudamiento a partir de empresas que tienen meses de existencia", profundiza.

En ese marco, arriesga que los principales perjudicados son quienes pueden tomar la iniciativa.

"Necesariamente los productores que hicieron grande a Vicentín, más allá de representar al campo de la provincia de Córdoba o Santa Fe, van a reclamar lo que les deben", sentencia.