Un contexto de pandemia, en el que las determinaciones nacionales y sanitarias desalentaron el uso del transporte, empresas que, como ocurre con frecuencia, acusan severos problemas financieros y trabajadores que hace dos semanas están de paro por deudas salariales. Este es escenario en el cual ha tomado estado parlamentario el miércoles y este jueves se trató en comisión el proyecto para declarar la emergencia en el transporte urbano y masivo de pasajeros en Córdoba.

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Para esta segunda instancia, el secretario de Movilidad, Marcelo Mansilla, concurrió al Concejo Deliberante para fundamentar el proyecto oficial, que lleva la firma del Intendente Martín Llaryora, que tiene contundentes cuestionamientos de la oposición. Oposición que adelantó su rechazo a la iniciativa que se aprobará este viernes con el voto del peronismo y en sesión especial.

Mansilla, en su visita al Concejo, explicó las razones por las cuales se propone esta iniciativa, que le dará poderes muy amplios al jefe capitalino para que pueda reestructurar a todo el transporte masivo, tratando de buscar mayor sustentabilidad y eficiencia, dejando de lado líneas y kilómetros improductivos, se explicó. En este contexto agravado por la drástica caída de la demanda y corte de boletos, se profundizó el problema financiero.

Al defender la necesidad de la declaración de la emergencia, Mansilla dijo que “estas acciones son tendientes a garantizar la fuente de trabajo. Sin estas decisiones las empresas son insostenibles. No queremos desequilibrar el sistema, queremos hacerlo sustentable en esta crisis. Son medidas extraordinarias y urgentes, que el contexto nos demanda”.

Para contextualizar la situación profundizada en la pandemia, destacaron que en el primer semestre de 2020, en comparación con igual período de 2018, la caída en el corte de boleto por cantidad de pasajeros que subieron a los colectivos fue del 60 por ciento. En tanto que las unidades recorrieron un 40 por ciento menos de kilómetros, se informó por medio de un comunicado.

Es por ello que Mansilla aseguró que si se tienen en cuenta esas mermas (que en uno de los meses llegó casi al 100%) el boleto debería costar a la fecha, en términos de costo-rentabilidad: $236. 

Sin embargo, Mansilla llevó tranquilidad al aclarar que lo que se busca es conservar el costo actual del boleto, mantener frecuencias adecuadas a la nueva realidad y conservar el 100 por cien de los trabajadores.

Mientras, ante los rumores de la posible incorporación de otros actores al sistema, dijo: “Jamás vamos a propiciar el transporte irregular. Queremos trabajar con las empresas, con las unidades habilitadas. Y si tenemos que convocar en el marco de la emergencia algún otro prestador, será con la técnica, los seguros y el parque móvil autorizado. No vamos a avalar ni servicios masivos ni particulares que no estén regulados ni homologados. No está en nuestro pensamiento contratar al transporte escolar. Le hemos dado ayuda desde otra forma, pero no asignándoles las trazas o recorridos”.

El proyecto de declaración de emergencia en el transporte ya tiene aprobación en comisión y cuenta con despacho para ser tratado en la próxima sesión especial convocada para este viernes, desde las 16:30 hs.