Entre los economistas más o menos heterodoxos y más o menos cercanos al gobierno circulan dos preguntas. La primera es si el gobierno lleva adelante o no un “ajuste” fiscal clásico. La segunda es si existe hoy margen para aumentar el gasto y romper de ese modo el estancamiento de la actividad económica. La primera pregunta se responde fácil: recurriendo a los datos. No es un debate; alcanza con mirar los números. La segunda, en cambio, es una de esas discusiones clásicas que producen cierta excitación intelectual en los macroeconomistas.

¿Ajuste? ¿Qué ajuste?

La pandemia puso en primer plano, en todas las economías del planeta, la relación entre el gasto público y el crecimiento económico que predice la buena teoría económica. La mayoría de los Estados impulsaron fuertes paquetes de gastos para contrarrestar los efectos de la pandemia y evitar así el derrumbe de sus economías. No se hace aquí un ejercicio de gastos comparados por país, pero se adelanta que los resultados fueron los mismos en todos lados: el gasto público contrarrestó las contracciones e impulsó las recuperaciones. Aunque con un paquete más pobre que en el resto de los países de la región, Argentina también siguió una política fiscal expansiva.

De acuerdo a los números que publica la Secretaría de Hacienda, el gasto primario registraba en diciembre de 2020 una suba interanual del 52,7 por ciento, frente a una inflación del 36,1, es decir un crecimiento real. Sin embargo, ya en abril de 2021 (el último dato publicado), el crecimiento del gasto primario fue del 14 por ciento interanual frente a una inflación del 46,3. El “ajuste” no parece demandar mayor explicación: en lo que va del año el gobierno produjo una fuerte contracción del gasto.

Pero vale detenerse en dos detalles que pueden quedar ocultos en el agregado general. Por un lado, la expansión de 2020 se explica porque incluye el “paquete Covid”, mientras que en lo que va de 2021 este paquete ya no existe. Esto acentuó la contracción. Por otro lado, si se analiza el gasto primario se observa un sostenido crecimiento de los gastos de capital, con una variación del 102 por ciento interanual en abril, aunque no debe dejarse de lado que este gasto es un porcentaje pequeño del gasto primario (7,7 por ciento abril). Se trata fundamentalmente de obra pública. Si bien no mueve el amperímetro de la actividad global, si explica el comportamiento diferencial positivo de la industria proveedora.

Una primera conclusión sobre la evolución del gasto es que, a juzgar por la continua reducción mensual, el Ministerio de Economía parece firmemente interesado en el equilibrio fiscal como objetivo en sí mismo. De otro modo, no se explica la política de reducir gastos en pandemia. Luego, resulta imposible no relacionar este equilibrio con la búsqueda de un acuerdo “rápido” con el FMI, quien nunca dejó de demandar este requisito en sus programas. Es posible que el Fondo cambie las velocidades exigidas, pero no el rumbo. No existe “otro FMI”: es el mismo de siempre.

Aquí aparece otro dato que debe remarcarse. Tras la corrida cambiaria de octubre, cuando las cotizaciones de los dólares paralelos se acercaron a los 200 pesos, quedó en el imaginario de los actores económicos la idea de que el freno de la corrida se debió al inicio de la búsqueda del equilibrio fiscal, que comenzó con el debate por el Presupuesto en el Congreso y la baja del Ingreso Familiar de Emergencia. Pero esta percepción es falsa. El freno de los dólares paralelos respondió a la suba de tasas de interés y, especialmente, a la intervención en estos mercados. La síntesis real de los hechos cambiarios del último trimestre de 2020 debe destacarse porque es un insumo indispensable para la definición de las políticas venideras.

¿Más gasto?

En este punto ya es posible avanzar con la segunda pregunta ¿hasta dónde existe margen para aumentar el gasto? La respuesta demanda como dato previo asumir que efectivamente en lo que va del año existió una contracción del gasto que está abortando la recuperación económica. Y no sólo una contracción del gasto público, sino también del privado, en tanto el grueso de las paritarias se ajustó en torno de la pauta oficial de inflación del Presupuesto, el ya remoto 29 por ciento. A pesar de que el ajuste nominal de salarios fue importante, si todo sigue como en los primeros cinco meses del año el balance de 2021 será que los ingresos de los trabajadores volverán a perder contra la inflación.

De nuevo: la suma de las caídas de los gastos público y privado es entonces lo que está abortando la magra meta de crecimiento del 7 por ciento para el año, de la que 5 puntos son arrastre estadístico. Este freno, y la voluntad de una parte de la coalición oficialista de seguir con los ajustes, fue motivo de algunos escarceos al interior del Frente de Todos, un panorama inseparable de la inminencia de las elecciones de medio término.

Una conclusión preliminar es que, si se quiere que la economía rompa el estancamiento y que con ello el gobierno se asegure un buen resultado electoral, entonces se necesita gastar más. Aquí es donde aparecen las restricciones.  Como se sabe, cuando se gasta más la economía crece y aumentan las importaciones, lo que eleva la presión sobre la demanda de dólares escasos y, potencialmente, sobre la estabilidad cambiaria. Sobre esta realidad se abren dos visiones acerca de lo que conviene hacer.

Entre la mayoría de los economistas existe consenso en que sólo es posible crecer hasta donde alcanzan los dólares. Desde esta perspectiva, la restricción al crecimiento no está dada por la restricción presupuestaria sino por la restricción externa, es decir que la que manda es la cuenta corriente del balance de pagos. Sobre esta base, en sectores del gobierno se propone expandir el gasto en alrededor de 1 punto del PIB en los meses previos a las elecciones, es decir inyectar rápidamente poco más de 400 mil millones de pesos. Sostienen que una expansión mayor presionaría, vía crecimiento, el tipo de cambio.

En el Ministerio de Economía agregan matices: aceptan que el aumento del gasto genera crecimiento, pero también creen que todo gasto en pesos se traslada indefectiblemente a dólares, demanda que se suma a las tradicionales presiones preelectorales. En efecto, en lo que va del siglo en todos los años impares hubo aumentos en la formación de activos externos, la mal llamada “fuga”, que consiste fundamentalmente en la dolarización de carteras.

Detengámonos en este punto, porque a partir de aquí surge una segunda visión, que es la que dice que los dólares disponibles que le ponen un techo al crecimiento no son la cantidad fija que surge del superávit comercial, es decir no es solamente la disponibilidad de los dólares físicos, por llamarlos de alguna manera, que se encuentran en las reservas internacionales netas, que hoy rondan los 7000 millones, sino que se agregan también los dólares financieros. Y estos dólares financieros no son solamente los que surgen del endeudamiento directo, sino también de los movimientos de capitales y la inversión. La restricciones cambiarias actuales funcionan de hecho como un freno para la aparición de estos dólares. Como señalaba Alberto Fernández en tiempos de elecciones, el llamado “cepo” funciona de la misma manera que ponerle un palo a una puerta giratoria: evita la salida de divisas pero también la entrada.

Elecciones

En este marco, algunas voces al interior de la heterogénea coalición oficial creen que debería utilizarse el actual veranito de disponibilidad de divisas, por los mayores precios de las exportaciones, para volver a intervenir en los mercados paralelos, pero oficializándolos, es decir creando un mercado formal para el dólar financiero en el que el Banco Central pueda intervenir mediante un sistema de flotación administrada entre bandas y con miras a una futura convergencia con el oficial. Sería una forma de comenzar a salir de las restricciones cambiarias, algo que deberá hacerse más temprano que tarde, haciendo pasar por allí, por ejemplo, la demanda de dólares por turismo, pero no solamente. El objetivo sería avanzar hacia una convergencia sin devaluar, aprovechando la capacidad de fuego del Banco Central en mercados que son bastante pequeños, lo que debería combinarse con otra política de suba de tasas en pesos. Ello permitiría también enviar señales claras hacia los operadores de que no se devaluará después de las elecciones, algo que, a juzgar por las constantes subas del paralelo desde mediados de marzo, no sería lo que cree “el mercado”.

Como puede observarse, no existe ninguna salida sencilla. Pero si no se hace nada pasarán dos cosas: la primera es el estancamiento de la actividad y la posibilidad cierta de un que el Frente de Todos obtenga un mal resultado electoral. La segunda es que de todas maneras aumentará la demanda preelectoral de dólares por las expectativas de una devaluación posterior. Esto nos llevaría al peor de los mundos: estancamiento, inestabilidad cambiaria y debilidad política. Si, en cambio, se aumenta el gasto, pero sin dólares adicionales más que los que se disponen actualmente, la cuenta es delicada. Primero, porque el crecimiento aumentará el ritmo de las importaciones, pero al mismo tiempo no se conjurará la corrida preelectoral, lo que podría generar una situación de debilidad cambiaria poselectoral.

La tercera opción, aumentar el gasto pero al mismo tiempo abrir un mercado para un dólar financiero, también es arriesgada, un “camino finito” que supone un nuevo contrato cambiario y mucha decisión política para instrumentarlo. Si sale bien, podría generarse alguna desdolarización de carteras e ingreso de capitales, lo que relajaría la restricción externa asociada a la expansión del gasto y permitiría encarar el futuro de otra manera.