La Cámara de Acusación desestimó el pedido de apelación de la defensa del gremialista y por lo tanto se elevó a juicio la causa por presunta “incitación a la violencia colectiva".

La causa surge en el año 2017 cuando la Municipalidad de Córdoba publicó en su sitio web información sobre el salario de los empleados.

“Le prometo señor intendente que lo va a pagar muy caro", había expresado el exdirigente sindical.

Según el Código Penal, la “incitación a la violencia colectiva" está penado con 3 a 6 años de prisión.