El asesino de Facundito logró la prisión domiciliaria

La mañana del 26 de marzo de 2006 Córdoba despertó impactada. Un niño de 6 años (Facundo Novillo) había sido asesinado de un disparo de fusil en la cabeza. El hecho ocurrió en barrio Colonia Lola. El pequeño viajaba en un Renault 12 junto a su mamá (Laura Cansino) cuando una bala atravesó la luneta del automóvil y le destrozó la cabeza. (Ver: Crimen en Colonia Lola)

Dos años después la Justicia condenó a 27 años de prisión al ex policía, Horacio “el Armero” Grasso como autor material del homicidio y a su cómplice (Roberto Serviliano Romero) a 23 años de cárcel. Sin embargo, en enero pasado (después de haber cumplido apenas cuatro años de condena efectiva) “el armero” dejó la cárcel y volvió a la casa de su madre.

Según pudo confirmar en exclusiva cba24n, Grasso logró el beneficio de la libertad domiciliaria porque sus abogados demostraron que en el marco de la profunda crisis que atraviesa el Servicio Penitenciario, la institución encargada de contener a las personas privadas de su libertad, no fue capaz de atender una dolencia leve de Grasso permitiendo que ésta se agravara. Ante la prueba aportada por los letrados del asesino, el juez de primera instancia de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve, firmó una resolución que se puede leer aquí: (Resolución 81), otorgándole el beneficio de la libertad domiciliaria.

Grasso, además de ex policía, es un hombre peligroso. Tiempo antes de la muerte de Facundito Novillo muchos funcionarios judiciales pusieron en conocimiento su “peligrosidad” cuando otros tribunales de alzada le dieron la libertad. En su momento Grasso estuvo acusado de alquilar armamento a delincuentes comunes. A mediados de la década de 2000 el fiscal de instrucción Marcelo Hidalgo allanó su casa y le secuestró un arsenal por lo que fue licenciado de la Policía. Actualmente vive en casa de su madre, que está ubicada en barrio General Paz.

Según pudo averiguar este medio en la zona sur de la ciudad donde ocurrió el homicidio, algunos vecinos aseguran haber visto a Grasso deambular en una motocicleta. El rumor indica que Grasso habría comentado que todos aquellos que tuvieron que ver en su detención iban “a pagar” por testificar en su contra.

El caso Grasso evidencia una mecánica que muchos presos (algunos condenados por crímenes de Lesa Humanidad) han convertido en estrategia. Aprovechándose de la desprolijidad del Servicio Penitenciario a la hora de atender sus problemas de salud, gestionan libertades domiciliarias y salen de la cárcel. En algunos casos podría haber involucrados médicos que prestan su firma con diagnósticos poco claros.

La peligrosidad de Horacio Grasso no es una novedad en la Justicia. Cuando fue condenado el 27 de marzo de 2009, los jurados populares, los testigos y los jueces técnicos pidieron custodia policial porque sufrieron amenazas que aparentemente provenían del entorno de Grasso.

Eso no evitó que esos jurados más los jueces técnicos Guillermo Weiss, Mario Della Vedova y Hernán Buteler Novillo Saravia, lo encontraran culpable de homicidio en ocasión de robo con abuso de arma de fuego.
Después de permanecer alojado en el penal de Bouwer, el ex policía Grasso fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Nro. 2 de Cruz del Eje. Allí, el 14 de marzo de 2017, se le detectó una enfermedad en los vasos sanguíneos que obligaba a realizarle un tratamiento específico. En una resolución firmada por el juez de primera instancia que lo liberó, se determinó que desde aquel estudio hasta enero de 2019 (pero principalmente en los últimos ocho meses) el servicio Penitenciario se mostró “incapaz de tratar adecuadamente las dolencias del detenido” permitiendo que la enfermedad de Grasso se agravara.

Cba24n consultó a dos médicos especialistas sobre la enfermedad de Grasso que indicaron desconocer la existencia de la patología que presenta el condenado. Según consta en el expediente al que tuvo acceso cba24n.com.ar y que se puede chequear al final de esta nota, la madre de Grasso hizo varios reclamos en relación a la salud de su hijo hasta que finalmente demostraron que, según sus abogados, el Servicio Penitenciario no contaba con elementos suficientes para tratar al detenido de manera tal que se respetaran sus derechos humanos. Según argumentaron los letrados, “los médicos del Servicio Penitenciario” no están en condiciones ni “de tratar una gripe”.

Por ello, el juez ordenó otorgarle el beneficio de la libertad domiciliaria después de sugerir que el reo había recibido un trato “inhumano” por parte del Servicio Penitenciario.