Tras que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmara un decreto para expulsar extranjeros que cometan delitos e impedir el ingreso a extranjeros con antecedentes penales, La Primera consultó a un abogado que estableció la inconstitucionalidad de la medida.

El abogado Miguel Rodríguez Villafañe expuso a Radio Universidad que el tema debe analizarse desde "tres ámbitos. El primero es el de producir noticias para la nada. En un momento en el que la sociedad lamentablemente se está queriendo vengar de algo por lo que le está pasando, es llevar a un lugar una discusión que no es competencia de la provincia", ya que el manejo de las relaciones exteriores y migraciones es facultad de la Nación, no de las provincias, según la constitución vigente.

"Esto es gravísimo porque estamos en un estado federal, no confederado, y la diferencia está en que cada provincia no se puede jugar sola para hacer lo que se le da la gana en esto, porque la moraleja sería como lo que hizo en su momento Bussi, que llevó todos los linyeras de Tucumán a Catamarca", afirmó.

El segundo aspecto es que el decreto es "tremendamente inconstitucional porque la Constitución argentina dice en el artículo 20 que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos que los nacionales. Entonces pregunto por qué tengo que inferir que una persona que ha delinquido y que ha cumplido su condena necesariamente va a seguir delinquiendo, porque hay por lo menos un principio de inocencia", expresó Rodríguez Villafañe.

El decreto refiere expresamente a la "expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena", a lo que el abogado indicó que la medida "no hace distinción de delito, nadie está exento de caer en algún delito. Si un extranjero con residencia hace años choca con un auto y produce una lesión, le abren un proceso penal por lesiones culposas y queda al borde de que lo expulsen de la provincia", ejemplificó.

"La cantidad de extranjeros con procesos penales en Chubut no tienen nada que ver con una posibilidad de haberse ampliado la cantidad de delitos producidos por extranjeros. La ley argentina de migraciones dice claramente los criterios para que ingrese una persona. El decreto es inconstitucional porque entonces, con cada criterio, en Córdoba podrían ingresar pero en Catamarca no, entonces los estoy echando a Río Negro y Santa Cruz que están al lado. Rompe el principio de inocencia", sentenció.

El tercer aspecto a considerar es que las cárceles "son para reinserción. Si la persona cumplió su condena, aún cuando le quede un período de libertad condicional, y va a trabajar a Chubut y es extranjero, se está cumpliendo lo que manda la ley. No se puede presuponer que en un contexto de cumplimiento de la ley va a ser un delincuente. No sólo se hace una presunción de inocencia que no es justa, sino que además no se hace distinción de delitos", expresó.

Rodríguez Villafañe dejó entrever la posibilidad de que este decreto funcione como distracción de otras cuestiones, como la crisis sanitaria producida por el brote de hantavirus en Chubut.

"Esto no quiere decir que se largue a cualquiera de cualquier forma", afirmó el abogado. "Para eso está la justicia y los sistemas legales, pero el decreto se puede aplicar en condenas no firmes, o sea que ni siquiera puede haber cosa juzgada en el tema, es grave", dijo.

Además, el decreto "no distingue si es una lesión culposa o el incumplimiento de asistencia de haberes familiares. A su vez ya presupone que (el extranjero) es un peligro para la sociedad y lo estigmatiza como un potencial delincuente. Esto es gravísimo por todos los efectos que tiene y viola la Constitución y pactos internacionales", concluyó.