Tras la muerte de Edu Vázquez especialistas advierten sobre los riesgos de los escraches a través de las redes sociales.

“Más de 200 escraches en Facebook, Instagram falsos, viles humillaciones (…) X hace más de 10 meses me extorsiona diciendo que si no vuelvo con ella seguirá escrachándome. Dejé de hacer lo único que me hace feliz, tocar. Estoy muerto en vida".

Con estas palabras expresadas en un tuit publicado el 29 de enero próximo pasado Edu Vázquez denunciaba un prolongado acoso por parte de una ex novia con quien habría roto el vínculo meses antes.

El tuit fue acompañado por impresiones de varios hostigamientos que le llegaban a través de distintos medios virtuales: desde correos electrónicos hasta comentarios en muros, pasando por cuentas de Instagram y Facebook.

En tales acciones, con más de un usuario, la acusada aparecía reclamando una presunta inducción al aborto así como el fin mismo de la relación.

“Hace más de 10 meses me extorsiona diciendo que si no vuelvo con ella seguirá escrachándome. A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz: tocar música profesionalmente”, añadía el DJ en un posteo de Facebook horas después.

“Creí que este infierno terminaría pronto, pero no. Estoy tan seguro de que soy inocente que me ofrezco a presentarme ante medios de comunicación, justicia y todo lo que sea necesario para que esto se aclare y le pongan un freno a esta mujer. (…) Mis últimos 10 meses fueron un infierno fundado bajo falsas acusaciones de abortista, dos embarazos que nunca existieron e interminables cosas que ella inventaba día a día para generar más angustia y desesperación”, añadía Vázquez.

El final del posteo advertía sobre una “depresión de la que no sé si podré salir”. Anticipaba acaso un aciago final que concretaría el pasado sábado, casi dos meses después.

A la Justicia

El caso obliga a reflexionar sobre los usos y abusos de los denominados escraches en las redes sociales.

Especialistas advierten que las exposiciones en el espacio virtual no pueden reemplazar el funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.

“El escrache como medio de acusación en las redes sociales, estos linchamientos públicos, nos dejan afuera de la posibilidad de conocer verdaderamente lo que ha pasado, la posibilidad de un juicio justo. En Internet cualquier acusa a cualquiera, sin pensar en los graves daños que se provocan", advierte la doctora Lucía Da Silva Santos, de la Defensoría del Pueblo de Córdoba.

“Pareciera que lo que pasa en el plano virtual fuese irreal. Pero lo que sucede tanto en lo virtual como en el plano físico, todo afecta a nuestra vida real", añade la especialista.

En diálogo con Canal 10, Da Silva Santos recuerda que quienes se sientan atacados en las redes sociales cuentan con la denuncia ante la Justicia como opción. Existen ya figuras penales que sancionan la difamación.

“Si hay extorsión, hablamos de calumnia o injuria. Por eso decimos que es necesario que estas acusaciones se den en el marco de las instituciones adecuadas, para poder conocer la verdad y tener las condenas correspondientes. Es la única forma de conocer la verdad", remarca.

Reglas de uso

Además de la instancia penal, quienes se sienten víctimas de hostigamiento pueden denunciar las cuentas a las propias redes sociales, que tienen sus propias reglas de uso y sus propios procesos administrativos.

“Se puede denunciar el perfil del hostigador. Y si el perfil fuese anónimo, la Justicia debe pedir la información técnica. En algunos casos parece fácil, como los funcionarios públicos. De todos modos, en las redes no se monitorea en tiempo real una acusación así. Por eso hay que denunciar una publicación o un perfil. Es importante ir sobre el autor del acoso porque las redes no bajan contenidos todo el tiempo. Y tampoco queremos que un privado vigile, con fines sancionatorios, lo que decimos todo el tiempo. Para eso está la Justicia", señala Javier Pallero, integrante de la ONG Access Now.

Aún que se apliquen suspensiones, la laxitud en los controles de las redes sociales no impide que la persona denunciada pueda acudir a nuevos perfiles o directamente a la creación de cuentas apócrifas. Excesos en las sanciones pueden afectar la libertad de expresión.

“En general se suspenden las cuentas, no hay cancelación definitiva. La exclusión del servicio es una medida extrema. Allí talla también la libertad de expresión: pertenecer a las redes sociales hoy es parte de estar en el debate público. Si me prohíben, me echan de la plaza pública y me generan un daño enorme, quizás desproporcionado. Si esa es la sanción, tiene que coincidir con una falta grave. De todos modos hay medios técnicos para evitar que se abuse de la regla de la suspensión. Por ejemplo algunas redes rastrean las IP o algunas cookies para evitar que se reabran algunas cuentas", añade el especialista.

Precisamente en materia de sanciones también se produce una colisión entre los marcos regulatorios de cada país y los términos y condiciones que las redes imponen a los usuarios.

“Las plataformas se manejan con sus propias reglas, sin leyes que determinen esto. Las leyes nuestras no tienen como pena la incomunicación, el quedar completamente excluido de una red social. Acá las redes aplican a gusto y piacere. Dicen que son plataformas privadas y tienen derecho de admisión y permanencia. Pero dada la dominancia absoluta que tienen muy pocas empresas sobre este servicio, ya no son clubes privados: se vuelven intermediarios ineludibles del debate público. En ese caso no puede aplicar cualquier sanción. No pueden eliminar cosas o excluir gente solamente por sus razones, sin considerar garantías básicas. Eso debe ceder ante el derecho a participar del debate público", enfatiza Pallero.