A casi un mes de las elecciones primarias en el país, generadoras de la última devaluación del peso, tuvo lugar una reunión entre representantes del gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Allí las partes iniciaron negociaciones formales para encontrar la forma de paliar la situación, más allá del paquete de medidas que dispuso el presidente Mauricio Macri días después de las PASO.

La cuestión apuntó, en un principio, a trabajadores privados, que quedaron por fuera de un bono de $ 5.000 que la administración central pagó a empleados públicos.

De acuerdo a fuentes de la CGT hubo avances en este punto, aunque el pedido de la central obrera es que sea “universal”, para todos, incluidos beneficiarios de planes sociales y jubilados, la parte más delgada del hilo ciudadano.

La presencia de los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, más Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró presencia formal, aunque no hubo precisiones oficiales respecto a avances.

Hubo también, en el arduo cónclave en el que los funcionarios reconocieron la crisis, una negativa a decretar la Emergencia Alimentaria.

Fue la propia Stanley la que debió abrirle las puertas a un posible tratamiento en el Congreso de la Nación, donde la oposición busca avales para el proyecto conjunto presentado.