Es uno de los datos que se desprende de un informe efectuado por la CORREPI. La “doctrina Bullrich” señalada como uno de los factores.

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) difundió un nuevo informe de la Situación Represiva con datos alarmantes.

“Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 27 casos. Si los sumamos a los 441 de 2016, 441 de 2017 y 297 conocidos de 2018, tenemos que, en 1.110 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas” por lo que el cálculo al que arriban es que “el gobierno de Cambiemos mató una persona desarmada cada 22 horas”.

María del Carmen Verdú, referente nacional de la coordinadora manifestó que “es un dato que a nosotros mismos, que estamos acostumbrados a hurgar en este lado de las políticas represivas estatales, nos aterra saber que en apenas tres años se ha bajada la frecuencia de una muerte cada 28 horas a una cada 22”.

Los datos, procesados hasta mediados del mes de diciembre, aun deben ser desglosados por fuerzas, género, edad, modalidad, provincia, explicó en A Pura Radio, por radio Universidad.

El 15 de marzo será presentado el informe completo en Plaza de Mayo, en Capital Federal. Esto se debe a la “gigantesca cantidad de casos” y por “la enorme dificultad a partir de una invisibilización inversamente en los medios de los hechos” que requiere mas tiempo y esfuerzo en el chequeo de los casos, comunicó.

Consideran que las cifras del año 2018 reflejan el “más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades (gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas, represión a la protesta o el conflicto social, femicidios de uniforme, etc.)”.

Señalaron, como influencia de esta situación, a la denominada “doctrina Bullrich”, por las medidas que ha tomado a lo largo de su gestión la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich “expresada en la defensa y apoyo oficial al fusilador Chocobar, la resolución sobre uso de armas de fuego para las fuerzas federales y los fallos judiciales en similar tesitura, en el crecimiento exponencial de los fusilamientos de gatillo fácil, así como el endurecimiento del sistema penal”.