Adoquines. El piso de esta casa quinta en Guiñazú, al norte de la ciudad de Córdoba, tenía adoquines de algarrobo lustrado.

En algún momento de 1978, los adoquines de algarrobo lustrado salieron de esta propiedad y fueron a adornar el living del sargento del Ejército Orestes “Gigo” Padován, en la calle Río Cuarto 526, barrio Juniors. La mano de obra estuvo a cargo de personas que se encontraban desaparecidas por la dictadura cívico militar, retenidas en el campo de concentración La Perla. La anécdota la contó uno de ellos, durante el juicio a la Junta de 1985.

No solo los pisos se llevaron de la quinta de Guiñazú. Una noche de fines de diciembre de 1977, en medio de un allanamiento brutal, cargaron una camioneta, un jeep, un tractor, vajillas, otros objetos de valor y el dinero de la última cosecha del durazno “Novedad de Córdoba”, que la familia Viotti producía en las seis hectáreas que rodeaban la casa. También se llevaron a varios de los ocupantes de esa propiedad.

Así comenzó a configurarse el último centro clandestino de detención que ideó Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba. Cuando la Perla fue cerrada en diciembre de 1978, la “Quinta de Guiñazú”, cercana al Liceo Militar General Paz, pasó a ser —hasta 1982— el lugar elegido por los miembros del destacamento 141 para secuestrar, torturar y asesinar militantes.

—Me dan ganas de saltar la tranquera, pero no puedo. Todavía no logro recuperar este lugar que es mío —dice Silvio Viotti, asomado desde la tranquera de la quinta que fue de su padre.

A sus 61 años, volvió a Córdoba para declarar en el 13° juicio por delitos de lesa humanidad que el Tribunal Oral Federal N°2 lleva adelante contra tres miembros del grupo de tarea de La Perla. Ernesto “Nabo” Barreiro, Carlos “HD” Díaz y el ex teniente coronel Carlos “Principito” Villanueva responden por crímenes cometidos en la Quinta de Guiñazú entre 1979 y 1981.

Desde la calle Nazareno Bordi, un largo camino de tierra que se mete entre campos, pastizales y quintales, los postigos de la casa se ven cerrados. Ya no hay duraznos, ni cosecha. Solo pasto recién cortado. El viento sacude las acacias y los nogales. Un avión cruza bajo el terreno. Hay cierta paz en este mediodía de marzo. 

—En esta parte —dice Silvio, señalando el terreno pelado— había duraznos Novedad de Córdoba. Eran los que maduraban primero y los que se pagaban mejor. Más allá de los Montevideanos y los priscos. Yo y mi hermano trabajábamos armando los cajones y ese verano comenzamos en noviembre. Estábamos a mitad de cosecha.

La de diciembre de 1977 iba a ser la tercera cosecha que los Viotti, una familia de horticultores oriunda de Oncativo, levantaban en la Quinta de Guiñazú. Silvio Viotti padre era apostador, había perdido los pocos bienes que tenía en deudas y, para cuidar lo que quedaba, decidió comprar la quinta en sociedad con Juan Jacobo Mogilner y María Irene Gavalda, una pareja de cuadros del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). 

La quinta fue asaltada por un pelotón de soldados la noche del 6 de diciembre, en el marco de un operativo que fue conocido como “Escoba” y que comenzó en La Plata, siguió en Mar Del Plata y subió por el territorio nacional, arrasando con toda la estructura del PCML.

—Yo tenía 16 años, era simpatizante del partido. Esa noche, con los 57 pesos que tenía en el bolsillo, llegué a la casa junto con otro miembro del partido. La casa estaba absolutamente tomada. Me bajé despacio, levantando los brazos y salieron de entre los árboles un montón de soldados apuntando.

Silvio pasó unos diez días en la Perla. Diez días en los que, recuerda, comió tres veces y fue torturado en numerosas ocasiones. Menos de 24 horas después de su liberación, cuando todavía no sabía dónde estaba su padre, fue nuevamente secuestrado y llevado a La Ribera, donde pasó unos meses. En ese centro clandestino se cruzó con su papá.

—Cuando salí volví a la Quinta, pero estaba ocupada por gente del Liceo Militar. Me preguntaron por qué quería entrar a la casa y les dije “por qué es mia y ya me dejaron en libertad”.

Nadie de la familia Viotti volvió a entrar jamás. La quinta ya era la nueva cueva de “Cachorro” Menéndez. A veces, Silvio o sus hermanas hablaban con sus viejos vecinos y con los peones de la zona, que le contaban que de noche se escuchaban gritos y alaridos.

Teresa “Tina” Meschiati, una de las últimas sobrevivientes en salir de La Perla, dijo en su declaración judicial que pudo ver “las cartas con letra linda, de directora de escuela” que enviaba la madre de Silvio Viotti al Tercer Cuerpo, pidiendo que le devuelvan la quitina. Meschiati dijo que la casa había sido convertida en una “casa operativa” para continuar con los secuestros y desapariciones.

Silvio Viotti cree que fue utilizada en 1978 como lugar de tortura e interrogatorio a los miembros de la contraofensiva montonera capturados en los países limítrofes, como Paraguay.

Esta es la casa que funcionó como centro clandestino de detención en Guiñazú hasta 1982. Foto: Waldo Cebrero

El palo verde

Además de La Perla y La Ribera, en la provincia de Córdoba funcionario cerca de 40 centros clandestinos que figuran en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). Algunos estuvieron bajo el mando del D2 de Informaciones, como el edificio contiguo a la Catedral, o la casa de Hidráulica, junto al lago San Roque. Otros, fueron espacios improvisados en viviendas saqueadas a las víctimas del terrorismo de Estado, como el caso de la casa de barrio Observatorio, donde funcionaba la imprenta del PRT.

El juicio que comenzó a principios de marzo juzga algunos hechos ocurridos en Guiñazú. Las víctimas fueron Rubén Amadeo Palazzesi, militante del Peronismo de Base y miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), a quien mataron durante la tortura, y por quien hasta enviaron “una delegación” de torturadores de la ESMA para colaborar con la patota local. Palazzesi tenía conexión con un grupo de militantes secuestrados en Buenos Aires. Durante la tortura, fue colgado con ganchos de sus extremidades y azotado hasta que le fueron amputadas sus extremidades. Durante el traslado de su cadáver a Campo de Mayo, lo calcinaron dentro de un auto para fingir un accidente durante una persecución.

Las otras dos víctimas que sobrevivieron a ese agosto del 79 son Jaime Blas García Vieyra, compañero de trabajo de Rubén Palazzesi en una granja porcina; y su cuñado Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliaso, esposo de Stella Mari Palazzesi.

A Rubén Palazzesi y Jaime García Vieyra los secuestraron el 12 de agosto de 1979 en el barrio Parque Vélez Sársfield mientras iban en auto. En el baúl de un auto, fueron trasladados directamente a la Quinta de Guiñazú donde, según el expediente, los metieron en un sótano “infestado de ratas que les comían la comida”.

García Vieyra contó, durante la segunda audiencia, la tortura de su compañero: “Lo colgaron de un gancho del techo en puntas de pie. Lo torturaron. Escuchaba cómo lo picaneaban y le pedían un palo verde”, dijo.

Como en el operativo en el que cayó la casa de Guiñazú, los efectivos del Batallón 141 pedían “la plata”, según recuerda Viotti. Tenían el dato, errado, de que el partido recibiría 3 millones de dólares del gobierno Chino.

Silvio Viotti padre, junto a su esposa y uno de sus nietos. El hombre murió en 1992. Foto: archivo familiar.

El despojo

Silvio declaró en la segunda audiencia del juicio. Ante los jueces del tribunal, llevó una nota con membrete del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la que responden, a pedido de la familia, que la quinta era “propiedad del Tercer Cuerpo de Ejército”. Por ese entonces, el padre de Silvio estaba detenido en la Unidad Penitenciaria de La Plata.

Para 1982, la extorsión era evidente. Debían entregar la quinta a cambio de la libertad de su padre. Como muchas maniobras de apropiación de bienes durante la dictadura, el proceso fue “prolijo”: Las negociaciones y el apriete las llevó adelante un oficial del ejército que se presentó como Álvarez de Oro y que hablaba directamente con Silvio hijo Y para llevarlo adelante, dibujó un artilugio legal, con la que se selló el despojo de los bienes de la familia.

Primero, consiguieron un comprador. Un hombre de apellido Casparian, dueño de un campo que colinda hacia el norte con la quinta. Luego, inventar un precio irrisorio.

—El precio era, supongamos, un tercio del valor real de la quinta en ese momento. Estamos hablando de un terreno de seis hectáreas, 1800 árboles, maquinaria y herramientas —explica Viotti— El ejército se quedó con la mayor parte del dinero y la quinta quedó para este hombre, que supongo que será todavía el dueño legal.

Silvio cree que no hubo mala fe de parte de su vecino. Que también fue extorsionado por los militares. Pero sí, que es consciente de que la operación se hizo con su padre en estado de vulnerabilidad absoluto.

Viotti padre murió en 1992. La quinta era la única propiedad que quedaba a su nombre. Ahora, mientras espera la sentencia, su hijo mira desde la tranquera y piensa en aquella cosecha que quedó a medias, en diciembre de 1977.