Se estima que en nuestro país, de cada 1000 abusos sexuales en la infancia (ASI), sólo 100 llegan a ser denunciados. Y de éstos sólo entre el 3 y el 1 por ciento llegan a obtener una condena favorable a la víctima. Si bien existen leyes que velan por la Protección Integral de los Derechos de las Mujeres y/o la Protección Integral de los Derechos de niños niñas y adolescentes (NNyA), estas últimas con el norte ubicado en el principio del Interés Superior del Niño, al igual que otros pilares fundamentales de nuestra estructura social, el poder judicial responde a viejos paradigmas ideológicos patriarcales que funcionan por acción y/o omisión, juzgando y resolviendo sin perspectiva de género y mucho menos de niñez.

La realidad es que no existe una decisión política y social que proteja a las infancias, los recursos son escasos, y nada eficaces para garantizar sus derechos: desde la inexistencia de fiscalías especializadas, falta de personal idóneo y capacitado en esta problemática, la carencia de espacios físicos adecuados, etcétera. La revictimización de las infancias y la violencia institucional para las personas que les acompañan es una experiencia cotidiana para quienes llegan al poder judicial reclamando justicia. “No obstante, se observa un incesante peregrinar de las víctimas pidiendo protección y reclamando por la violencia institucional que se ejerce sobre ellas, luego de haber denunciado el abuso sexual contra un niño o niña por parte de algún progenitor”, escribió el Colectivo de Derechos de Infancias y Adolescencias Argentina.

PODCAST: MI MAMÁ ME CREE - Abuso sexuales contra las infancias y adolescencias

¿Qué sucede cuando se denuncia ASI?

Cuando las madres protectoras, u otros cuidadores en el menor de los casos, se animan a denunciar, buscando proteger a las infancias vulneradas de sus propios progenitores, padrastros, tíos, abuelos, hermanos mayores o varones violentos que están cometiendo delitos sexuales contra les niñes (en el 74,2% de los casos, los agresores son del entorno cercano de la víctima -56,5% familiares y 17,7% conocidos no familiares) se encuentran ante una “doctrina de la falsa denuncia”, donde se descree la palabra de madres, cuidadores y NNyA desde el momento cero, para continuar con una investigación penal preparatoria en la que se parte de premisas negativas ( miente o hubo manipulación para que denuncie) en lugar de dedicarse a investigar el hecho denunciado de acuerdo a los marcos normativos nacionales e internacionales (Ley 26.061, Convención de los Derechos del Niño) que hoy poseen jerarquía constitucional en nuestro país.

¿Por qué hablamos de tortura y de secuestro institucional y judicial?

El punto extremo de esta ideología patriarcal presente en el sistema judicial y en los organismos estatales de cuidado hacia infancias y adolescencias (SENAF, Defensoría de NNyA) deriva en un sinfín de prácticas misóginas y adultocéntricas que culminan con la criminalización del cuidado, con el arrancamiento de les niñes de sus madres protectoras, para insistir en una revinculación forzada de las infancias vulneradas con sus agresores. En el sistema judicial actual, en todo el territorio argentino, se prioriza el vínculo paterno filial frente al derecho de NNyA a una vida plena libre de violencias de cualquier tipo, de esta forma es el mismo sistema el que tortura a las infancias.

Entendemos este tipo de prácticas como tortura y secuestro por parte de las mismas instituciones judiciales y estatales ya que la vulneración de derechos que sufren NNyA al obligarles a revincularse con sus agresores y/o al arrancarles de su centro de vida y del cuidado de sus madres representa la más extrema violación de sus derechos humanos fundamentales.

En nuestra provincia contamos con un caso testigo, el de Gilda Morales, madre protectora que hace 8 años se encuentra en contienda judicial para lograr la restitución de su hijo a su centro de vida, junto a su madre y hermanes, mientras el hoy adolescente vive secuestrado institucional y judicialmente con su progenitor, el cual se encuentra denunciado por 9 delitos gravísimos (entre ellos ASI) e imputado penalmente por 4 hechos de impedimento de contacto. Por más pruebas objetivas, relatos de NNyA, el sistema judicial se mantiene ejerciendo una ideología que concluye en el encubrimiento e impunidad hacia los abusadores.

Como profesionales, madres protectoras y sobrevivientes de ASI, no podemos permitir que esto siga ocurriendo, por ello nos autoconvocamos el próximo 22 de abril en la 5ta edición de la Mesa nacional de lucha contra el ASI, la tortura, el secuestro institucional y judicial a infancias y madres protectoras.

las infancias no mienten, yo sí te creo.