Forman parte de la agenda de noticias de todos los días. Vecinos autoconvocados de diferentes barrios y localidades del interior, cortan una calle, se reúnen en alguna esquina, llaman a la prensa y piden por más seguridad. Denuncian robos, arrebatos callejeros y, dicen, son cada vez más violentos. 

Siete de cada 10 cordobeses perciben con profunda preocupación el consumo de drogas y casi la misma proporción le teme más a la inseguridad que a cualquier otro asunto social. El dato fue difundido a fines de marzo por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (OGEC) del Poder Judicial y surgió de un amplio relevamiento realizado en 2022. 

A esta altura, decir que se trata de una “sensación” es negar una problemática compleja. Aunque los datos oficiales sobre robos y hurtos tampoco alcanzan para construir sentencias del tipo: “aumenta la delincuencia”. Son datos “sucios”, dado que existe una gran cantidad de delitos no denunciados que forman la cifra negra. 

Lo cierto es que, en la última década, Córdoba aumentó la cantidad de policías en las calles y duplicó la población carcelaria, pero no logró controlar la inseguridad. La provincia tiene una tasa superior a 1.700 robos por cada 100 mil personas. Un índice 63% superior a la media nacional. 

En 2022, los delitos denunciados se incrementaron un 22% en relación al año anterior. El dato fue reconocido por el secretario de Seguridad de la provincia, Claudio Stampalija quien remarcó además su preocupación por el incremento de delitos contra la propiedad. Según el mapa caliente que maneja la Policía de Córdoba, en base a las llamadas que ingresan al 911, los “arrebatos callejeros” y “robos a viviendas” son las modalidades más frecuentes. 

Si estos datos con algunos números que hacen a las políticas públicas implementadas para hacerle frente al problema, como cantidad de efectivos en la calle y aumento de la población carcelaria, quizás el resultado sea decepcionante. 

“Hay que preguntarse si la propuesta es producir más detenidos o reducir el crecimiento del delito. Si la respuesta es lo segundo, urge cambiar el rumbo”, señala el diagnóstico sobre las políticas de seguridad de la última década en Córdoba, que lleva la firma de la doctora Valeria Plaza. 

Los últimos datos oficiales sobre la cantidad de policías en Córdoba son de 2020. Con 22.624 mil agentes, uno cada 625 habitantes, la provincia se ubica dentro de lo recomendado por los organismos internacionales. El pico se dio 2011 cuando fueron contratados nueve mil nuevos agentes, un 47% más. Pero el crecimiento cuantitativo del personal, asegura Valeria Plaza, “no está acompañado necesariamente de mejoras en las condiciones laborales”. 

La población carcelaria es un número difícil de exhibir para las autoridades. Una fuente confiable del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), indicó a este medio que en las cárceles de Córdoba “hay cerca de 12 mil personas”.  Las últimas cifras oficiales son de 2021. En ese momento había en la provincia de Córdoba 10409 personas privadas de la libertad: 9923 varones, 468 mujeres, 7 varones trans y 11 mujeres trans. Del total, el 59 % (6137) estaban procesadas y el 41 % (4272) tenían condena firme. La cifra actual prácticamente duplica la del 2015, cuando había 6400 presos en el sistema penitenciario provincial, es decir que creció a un ritmo de mil por año. 

Pese a esto, los índices de robos se mantienen estables y ubican a Córdoba en el tercer lugar de los distritos más inseguros, después de Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La comparación anual demuestra que los robos aumentan en Córdoba desde hace seis años y hoy se mantiene en un índice similar al de hace una década. Si el objetivo es reducirlos, Plaza recomienda “implementar otras políticas preventivas”. La especialista en seguridad es enfática: “No se puede seguir apelando sólo a la privación de la libertad, ya que esto se presenta por un lado como ineficiente y por otro, resulta muy costoso tanto en términos económicos como en vulneración de derechos”. 

En la misma línea de pensamiento se mueve Stampalija, quien asumió la secretaría de seguridad en uno de los momentos más críticos del Gobierno provincial, luego de la salida del cargo de Alfonso Mosquera. Stampalija lleva décadas pensando y trabajando la seguridad y la prevención del delito, como académico y funcionario. “En la lucha contra la inseguridad, el nodo es la cuestión social. La prevención social. Por supuesto que debemos tener una mejor policía, capacitarla más, pagarle mejor, tienen que contar con mejores recursos; también una Justicia mucho mejor, y además un sistema carcelario con otra filosofía y otra operatoria. Pero el nudo, el núcleo, el eje de una política de seguridad que funcione en el mundo, pone su énfasis en la prevención social del delito”, expresó en una entrevista que brindó a la prensa apenas asumió. 

“La prevención social trabaja sobre la exclusión social. Hay estudios en el mundo, basados en tres millones de personas que tuvieron problemas con la ley penal, que explican que los factores de riesgo del delito, es decir las causas generadoras, son: la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la violencia en general como cultura y la violencia intrafamiliar en particular. Además, la facilidad en el acceso a las armas de fuego, el excesivo consumo de alcohol y drogas, la falta de rehabilitación social del condenado y, por último, algo muy revelador, que es la falta de sentido de la vida en los segmentos juveniles”, teorizó Stampalija.

Este año electoral será el termómetro para saber que espacio encuentra la prevención social en el diseño de las políticas públicas de seguridad.