El día previo a que se cumpla con la jornada en la que fue citado a declarar en el Juzgado de Dolores, por la causa en la que se investiga “inteligencia, espionaje legal y extorsión”, a raíz de la documentación obtenida directamente de Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli hizo su jugada.

Pidió “la nulidad” del caso, asumiendo que el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por un lado “prejuzga y no es imparcial”, y por el otro, debió enviar el expediente a Comodoro Py, y su apartamiento.

La saga se inicia en la trascendencia pública de documentación surgida del propio D’Alessio, quien fue invitado a programas de televisión y redactó columnas en medios masivos porteños como “especialista en seguridad”, y se presentó como abogado, pese a no tener título alguno.

Hoy detenido, en su momento entregó sus teléfonos celulares y computadoras portátiles, ante el requerimiento de la Justicia, lo que determinó el vínculo con Stornelli.

En el medio está la denuncia de Pedro Etchebest, un productor al que D’Alessio le solicitó, remarcando que el fiscal estaba al tanto, trescientos mil dólares para ser incluido de manera “benévola” en su imputación dentro de la causa de “los cuadernos”. La misma es instruida por Stornelli y tiene como juez a Claudio Bonadío.

Etchebest, de hecho, llegó a pagar 29.500 dólares y hoy pide protección al gobierno argentino. Mientras tanto, sus representantes legales denuncian una operación encabezada por la diputada del Parlasur por Cambiemos, Mariana Zuvic, y la diputada nacional Elisa Carrió.

Ramos Padilla se había adelantado ayer remarcando que los pedidos de alejamiento (incluido el del juez federal Julián Ercolini) no tienen “sustento jurídico”, y los consideró “políticos”.

A su vez, el juez había remarcado la posibilidad, en el medio de la investigación, de que exista “una asociación ilícita” de la que son parte agentes o ex agentes de inteligencia, en operaciones que buscan coaccionar, intervenir y extorsionar a participantes en causas judiciales.

El magistrado envió, a su vez, buena parte de la documentación a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.

En el caso en cuestión, se indaga también la situación del periodista de Clarín, Daniel Santoro, y en las últimas horas fueron citados a declarar sus colegas Romina Manguel y Alejandro Fantino.