Defendiéndose de que no se trata de “una revancha” y a sabiendas del rechazo que puede generar en los organismos del país en la materia, el gobierno nacional hizo efectiva la creación de la “Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

La resolución 234/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece que la decisión no generará erogaciones, y entre sus objetivos iniciales tendrá la misión de “producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades” en cuanto a Derechos Humanos dentro de la Policía, Prefectura y Gendarmería.

Se busca, según la norma, “garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos”, además de “contribuir a fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos”, como así también “impulsar programas de acción con el objeto de realizar estudios diagnósticos, investigaciones y relevamientos sobre conculcación, privación o restricción de derechos humanos” en dichos espacios.

Para Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad, “hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas de los Derechos Humanos” ya que “no eran concebidas como sujetos de este derecho".

El propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adujo que la decisión “está enmarcada en el plan nacional de derechos humanos", y bregó por terminar con "persecuciones" dentro de las fuerzas.