Un proyecto que pretende modificar la Ley de Seguridad Eléctrica (10.281) en la provincia de Córdoba, con una prórroga para su cumplimiento efectivo de dos años, generó preocupación en la fundación Relevando Peligros, principal impulsora de la normativa que rige desde hace dos años en toda la provincia. Los cambios propuestos tomaron ayer estado parlamentario en la Unicameral.

La iniciativa, elevada por el presidente de la Legislatura, Oscar González, propone que la normativa no entre en plena vigencia en diciembre próximo, tal como estaba estipulado inicialmente, y que se establezca una prórroga de dos años, hasta diciembre de 2021, para que municipios y privados cumplan con todos los requisitos contemplados en la ley. En los fundamentos se menciona que originalmente se trazaron “objetivos ambiciosos” para poder ser cumplidos en los tiempos prefijados.

La aprobación en 2015 de la Ley de Seguridad Eléctrica, puesta en práctica desde diciembre de 2017, generó un amplio debate motorizado por la fundación Relevando Peligros, que conduce Sandra Meyer. La norma definió una serie de exigencias tanto para el sector privado como para el público, en relación con las nuevas instalaciones eléctricas. Desde entonces, cada instalación nueva que realiza un particular debe estar certificada por un electricista matriculado.

"Queremos ver de accionar legalmente, porque la ley es un derecho y priorizaron una situación económica" expresó Sandra Meyer al equipo de Entre Nosotros Rebeca.