América Latina, la región más letal del planeta para los activistas ambientales
Dos de cada tres de los más de 1.700 asesinatos de activistas ambientales en la última década ocurrieron en la región. Son asesinados por sicarios, grupos criminales y gobiernos y el reporte advierte que subestima el número total. En 2021 hubo un caso en nuestro país.
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Se registraron más de 1.700 asesinatos de activistas ambientales durante la última década, un promedio de un asesinato casi cada dos días, según la actualización del informe que anualmente prepara la ONG Global Witness desde el año 2012.
Atacados por sicarios, grupos del crimen organizado y sus propios gobiernos, al menos 1.733 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados entre 2012 y 2021.
Más de dos tercios de los asesinatos de personas que intentaban proteger bosques, ríos y otros ecosistemas entre 2012 y 2021 ocurrieron en América Latina, con 342 muertos en Brasil y 322 en Colombia. En México fueron asesinados 154 y en Honduras 117.
Fuera de la región, el país con más muertes resultó Filipinas en donde el reporte ubica 270 asesinatos.
Los asesinatos han afectado de manera desproporcionada a los países de bajos ingresos y las comunidades indígenas; el 39% de las víctimas pertenecían a este grupo demográfico, a pesar de que representa solo el 5% de la población mundial.
Los autores del informe advierten que las cifras probablemente sean una subestimación significativa, precisamente porque muchos de los ataques ocurren en regiones y poblaciones aisladas, sobre comunidades con escasos medios de comunicación.
En muchos casos, las causas subyacentes no están claras, pero en los casos en que se conocen concretamente, la minería y las industrias extractivas, la tala y la agroindustria fueron los impulsores más comunes de los asesinatos.
Las 200 personas asesinadas en 2021 incluyeron ocho guardaparques en el parque nacional Virunga en la República Democrática del Congo, que enfrenta la amenaza adicional de la extracción de petróleo y gas, la activista ambiental Joannah Stutchbury, quien recibió un disparo frente a su casa en Kenia, y Ángel Miro Cartagena, quien murió en Colombia y fue uno de los 50 pequeños agricultores asesinados el año pasado.
Tal vez el caso más difundido ocurrió en junio de este año, cuando el periodista británico Dom Phillips, que escribió extensamente para The Guardian y The Observer, y Bruno Pereira, un experto brasileño en pueblos indígenas aislados, fueron asesinados en el valle de Javari, en la Amazonía brasileña, tras permanecer desaparecidos varios días.
Phillips estaba trabajando en un libro sobre desarrollo sostenible llamado “Cómo salvar la Amazonía” y Pereira lo ayudaba con las entrevistas. La investigación sobre sus asesinatos continúa aunque los avances para conocer a los autores intelectuales son escasos.
Un detalle paradojal que refleja el informe es que pese a la baja general de la actividad mundial debido a las cuarentenas durante 2020, el año más intenso de la pandemia, los asesinatos alcanzaron un récord de 227.
El sentido global
“Es importante imaginar a estas víctimas como las personas reales que son. Es más fácil para mí. Toda mi vida he estado rodeada de defensores de la tierra y el medio ambiente y, de hecho, soy una más”, escribió la reconocida ecologista india Vandana Shiva en el prólogo del informe.
“No estamos solo en una emergencia climática. Estamos frente a la sexta extinción masiva, y estos defensores son algunas de las pocas personas que se interponen en el camino. No solo merecen protección por razones morales básicas. El futuro de nuestra especie y de nuestro planeta depende de ello”, dijo.
El informe insta a los gobiernos a crear un espacio civil seguro para los defensores ambientales y promover la responsabilidad legal de las empresas, ayudando a garantizar la tolerancia cero con la violencia contra los activistas.
El caso en nuestro país
El reporte pone un único caso argentino, el de Elías Garay, asesinado en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro. En el mismo episodio resultó gravemente herido Gonzalo Cabrera, luego de un extenso conflicto de ocupación en el que el gobierno provincial había decidido no intervenir.
Los integrantes de la Lof Quemquemtrew se había propuesto una acción de regreso a tierras deshabitadas desde hace décadas y “a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos” que contaminan la zona.
Luego de que los territorios de Cuesta del Ternero fueran ocupados, algunos miembros de la Lof quedaron detenidos, hubo desalojos parciales y un grupo táctico de la Policía provincial sitió el lugar aislándolo sin la posibilidad de que los que allí quedaron recibieran alimentos.
En ese contexto -y con fuertes tensiones con el empresario que tiene la concesión y explota esas tierras- dos personas armadas entraron a ese espacio custodiado por fuerzas de seguridad y dispararon contra los dos miembros de la comunidad según narra el reporte del CELS sobre el episodio.