Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en La Esperanza, Honduras, y murió asesinada el 2 de marzo de 2016. 

Era una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente.

Cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Fue asesinada después de años de amenazas contra su vida.  Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional y ya habían sido condenados los sicarios que la ejecutaron.

Pero el autor intelectual, estaba todavía en juicio, en apelaciones y larguísimas chicanas judiciales, que concluyeron la semana pasada.

Con gritos de “Berta no murió, Berta se hizo millones”, decenas de indígenas y simpatizantes de Berta Cáceres celebraron a las puertas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras la condena contra David Castillo Mejía como coautor del homicidio de la ambientalista.

Hasta el presente se habían dictado siete condenas, ninguna señalando directamente a la empresa DESA, encargada de la construcción de una represa hidroeléctrica que se denunció desde el principio como la causa directa del asesinato de la líder ambientalista. El condenado Castillo era el presidente de la constructora cuando ocurrió el femicidio. La pena impuesta se conocerá el 3 de agosto, según anunció el tribunal.

¿Quién es David Castillo?
David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), había sido detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras. 

Castillo es un ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y presidía entonces la hidroeléctrica DESA que impulsaba la construcción de la represa Agua Zarca en territorio de la etnia lenca. Se oponía Cáceres y se oponía la comunidad por considerar que causaba daños al medio ambiente. 

El tribunal concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener la construcción de la presa, y los concomitantes retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

Hasta el presente los condenados eran los actores materiales del crimen, pero en esta ocasión se incluyó finalmente a un alto ejecutivo de la empresa.

El tribunal tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con los sicarios como los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de la activista. Las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen, sentenció el tribunal.

Castillo se había defendido alegando que era amigo de Cáceres, pero el tribunal concluyó que Castillo mantuvo ese contacto solo para obtener información sobre su paradero y sus movimientos. Según la sentencia, Castillo es “coautor” del asesinato lo que anima a los activistas a perseguir a la familia Atala Sabla, dueña de DESA, a quienes consideran culpables de estar al frente de la “estructura criminal que dirigió el asesinato”.

El sentido de un fallo histórico
La hija de Berta, Berta Zúñiga Cáceres valoró la sentencia de este lunes como una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad”, dijo a las puertas del tribunal. Según la hija, “el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia” y anunció que “la causa no termina con esta resolución sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”. Al conocer la sentencia, Berta Zúñiga insistió en uno de los reclamos de los indígenas: “la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica así como desmontar las redes crimínales que han quedado expuestas durante el juicio a Castillo”.

En la misma dirección, el COPINH, la ONG que fundó y dirigía Berta Cáceres, insistió en que la condena contra Castillo “debe ser el inicio del proceso para juzgar a las personas involucradas en el crimen”.

Para el abogado de la familia Cáceres la sentencia “supone una importante victoria ya que se logró reconstruir el asesinato, señalar a los culpables, evidenciarlos y llevarlos ante la justicia”. Dijo también Víctor Fernández: “La exigencia de justicia no es solo por Berta Cáceres sino por la muerte de un sinnúmero de activistas asesinados por este modelo económico y social extractivo que lleva años repartiéndose el país”, añadió el abogado, para quien con esta sentencia “se rompe con la espiral de normalizada de violencia”. Hasta el momento, más de cinco años después del homicidio, ningún miembro de la junta directiva o de la familia Atala ha sido acusado o ha tenido que acudir a declarar.

La Fiscalía de Honduras afirmó en su acusación que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares para cometer el crimen, según la Fiscalía. Tanto Bustillo como Díaz Chávez fueron condenados a 30 años de cárcel en 2019.