La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por dirigentes sociales argentinos, denunció cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en Ecuador, durante el paro y los cortes del movimiento indígena.

“Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos”, señaló el grupo.

La Misión señaló que hubo múltiples violaciones contra los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional que se inició el lunes 13.

El documento denuncia la muerte de cinco personas “asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal”.

“Las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo”, detalló el informe, en referencia a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala.

La misión también relevó 132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta”, muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia.

La misión, que el sábado hizo su presentación ante la prensa en Quito, está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro y Melisa Gargarello, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Pablo Garciarena, de XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos.