La policía civil brasileña detuvo este jueves a Fabrício Queiroz, un policía jubilado y ex asesor del senador Flávio Bolsonaro. El arrestado y el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro son investigados por un supuesto sistema de desvío de dinero en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).

Queiroz fue detenido por orden de la Justicia de Río de Janeiro. Las sospechas contra Queiroz llevaron a la Fiscalía a abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro por presunto blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos. Queiroz era asesor parlamentario de Flávio Bolsonaro cuando este era diputado estatal en Río de Janeiro. El ex asesor fue localizado y detenido en una propiedad de Frederick Wasseff, abogado de la familia Bolsonaro, ubicada en la ciudad de Atibaia, en el interior del Estado de São Paulo. Según relató un casero a la policía, Queiroz estaba en el inmueble desde hacía aproximadamente un año.

También se autorizó la detención de la esposa del policía jubilado, Márcia Oliveira de Aguiar.
La Policía Civil realizó otros allanamientos vinculados con otras personas investigadas que trabajaban en el Gabinete parlamentario de Flávio Bolsonaro. El ahora senador afirma en las redes sociales que está tranquilo con relación a la detención de Queiroz. “¡La verdad prevalecerá! Han movido otra pieza en el tablero para atacar a Bolsonaro. En los 16 años que fui diputado en Río, no hubo ninguna acusación en mi contra. Pero al salir elegido el presidente Bolsonaro ¡todo cambió! ¡Juegan duro!”, dijo en Twitter.

Queiroz, al que el presidente llama amigo, trabajó durante más de 10 años —desde 2007 hasta octubre de 2018— en el Gabinete del senador Flávio Bolsonaro, diputado del Estado de Río por cuatro legislaturas. Su nombre empezó a sonar después de que un informe de la oficina de Control de Actividades Financieras (Coaf) de finales de 2018 mostrara movimientos en sus cuentas por valor de 1,2 millones de reales (225.000 dólares), entre transferencias recibidas y enviadas a lo largo de un año, una cifra que las autoridades consideraron incompatible con su sueldo y su trabajo. El escándalo sobre Flávio Bolsonaro estalló después de que su padre ganara las elecciones con una campaña en la que hizo bandera de la lucha contra la corrupción y antes de que tomara posesión.

El Coaf también consideró atípico que Queiroz recibiera transferencias de otros empleados del Gabinete, lo cual indicaría la existencia de un sistema de desvío de dinero denominado rachadinha, por el que los empleados devuelven parte de su salario a los parlamentarios que los emplean o a sus aliados. Otra transacción que llamó la atención fue un cheque de 24.000 reales (4.500 dólares) a la actual primera dama, Michelle Bolsonaro. El presidente de Brasil afirmó en su día que se trataba de la devolución de parte de un préstamo que le había hecho.

En julio de 2019, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendió el caso provisionalmente por considerar que se había violado la confidencialidad, ya que el Coaf había compartido la información financiera del parlamentario con los investigadores. Esa decisión acabó congelando más de 900 investigaciones similares. Sin embargo, a finales de noviembre, el plenario del Supremo dictaminó que este tipo de procedimiento es legal y se reanudó la investigación contra el senador.

En abril de este año, el medio digital The Intercept publicó documentos y datos confidenciales de la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro que indicaban que Flávio Bolsonaro había financiado con dinero público la construcción de edificios de grupos paramilitares de Río. Según los investigadores, que quisieron mantener el anonimato, Flávio actualmente recibe las ganancias de esa inversión a través de transferencias realizadas por el exasesor Fabrício Queiroz y por Adriano da Nóbrega, un excapitán del cuerpo de élite de la Policía Militar, que fue abatido en una confusa operación policial en febrero en Bahía.

Según The Intercept, Flávio Bolsonaro pagaba el sueldo de sus empleados con el dinero de su Gabinete en la Asamblea Legislativa y luego Queiroz confiscaba un 40% de esos salarios y transfería parte del dinero al excapitán Adriano da Nóbrega, considerado el jefe de la Oficina del Crimen, una milicia especializada en asesinatos por encargo.