La justicia chilena ordenó la detención de un oficial de Carabineros acusado de uso no proporcional de la fuerza al abrir fuego en un colegio en un hecho en el que resultaron heridas dos estudiantes.

El mayor Humberto Tapia será imputado por apremios ilegales, informó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en relación al hecho ocurrido el martes a la tarde en el Liceo 7 Teresa Prats, ubicado en la comuna de Santiago.

Según el testimonio de las alumnas, fue la propia directora del establecimiento la que pidió la presencia de los uniformados cuando las jóvenes intentaron tomar el edificio en el marco de una protesta.

Al menos uno de los agentes realizó disparos; se espera que en la presentación de la imputación se especifique si Tapia está acusado de disparar o de ser el responsable al mando, informó el portal de noticias chileno Biobio.

En tanto, la Fiscalía de la región Este de Santiago anunció que acusará formalmente a 14 agentes por delitos de tortura y abusos de poder ocurridos el 21 de octubre en Nunoa y La Florida, en el región metropolitana.

En el primer caso, la fiscalía acusa a 12 oficiales de golpear brutalmente a un manifestante, mientras que en el segundo, señala a dos agentes de haber "castigado brutalmente" a un niño de 16 años que fue arrestado por violar el toque de queda.

El fiscal Manuel Guerra ilustró en detalle los incidentes por los cuales los policías serán acusados, y anticipó que la fiscalía les pedirá prisión preventiva contra los uniformados, como medida de precaución.

Los hechos de Nunoa quedaron establecidos gracias a algunas imágenes de televisión, informó Guerra, citado por la agencia de noticias Ansa.

El hombre golpeado experimentó un traumatismo ocular severo, una fractura nasal y de costillas y la pérdida de algunos dientes, según datos de la fiscalía.

El mismo día y casi al mismo tiempo, en La Florida, "un niño de 16 años, que había sido arrestado por violar el toque de queda, fue brutalmente golpeado repetidamente por dos policías", amplió el procurador.

"El hecho de que estos ciudadanos hayan cometido una infracción no es una justificación para cometer este tipo de actos excesivos (...) Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos", agregó Guerra.

Los tribunales competentes ahora deberán fijar una fecha para la audiencia de enjuiciamiento.